Con este nuevo decreto presidencial se convalida el convenio de traspaso del juego a la Ciudad. Se prevé un plazo máximo de siete meses para que la Ciudad maneje el Hipódromo, los barcos casino y las agencias de quiniela, aunque se trabaja para que los trámites queden concluidos durante el primer semestre del año.
Se estima que el Gobierno porteño recaudará unos $ 2000 millones anuales como mínimo por las competencias traspasadas (además de unos $ 850 millones retenidos por Lotería Nacional durante 2016.)
El 70% de lo recaudado deberá ser destinado a políticas de vivienda y el 30% restante, al funcionamiento de la recientemente creada Lotería de la Ciudad. De igual manera, el traspaso había comenzado el año pasado con una comisión entre Nación y Ciudad que en noviembre estableció los plazos para la transferencia de la potestad sobre el Hipódromo de Palermo, los casinos flotantes de Puerto Madero y las 1200 agencias de quiniela que operan en toda la Ciudad.
Tendrán entre 60 y 180 días para firmar un convenio al respecto con la Lotería porteña, creada en diciembre por ley en la Legislatura. Para conformar dicho organismo deberá disolverse el Instituto de Juegos porteño, por lo cual Rodríguez Larreta ya remitió al parlamento un proyecto que lo dispone y que será tratado lo antes posible.
Quien está detrás de este convenio es el asesor presidencial en cuestiones legales, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.
Fue él quien también gestionó que el Hipódromo de Palermo (en el que el empresario K Cristóbal López aún tiene participación) y los casinos flotantes de Puerto Madero fueran obligados a pagar su millonaria deuda tributaria con la Ciudad.
Sin embargo, a cambio el Gobierno mantuvo la vigencia de las concesiones que les otorgó Néstor Kirchner. En el caso del hipódromo llegan hasta 2032 y en el de los casinos, hasta 2019. Pero existe un conflicto respecto al traspaso del juego que, tal como informó este medio días atrás, podría complicar la situación.
Por medio de otro decreto presidencial, el Gobierno aumentó de 20% a 30% el canon que paga el grupo a cargo la concesión del casino de Puerto Madero.
Se trata de Cirsa, empresa española que desde 1999 opera las salas flotantes de esa zona porteña y cuya concesión vence en 2019, al igual que la de Ricardo Benedicto, socio de Casino Club. El monto a pagar por los beneficios del juego hasta 2016 fue de $ 560 millones, pero con esta medida pasaría a casi $ 1.000 millones.
Esta medida, según Cirsa, rompe un contrato firmado hace 18 años y que aún tiene 3 años más de vigencia. Esto podría llevar a la empresa a denunciar la situación en ámbitos internacionales teniendo en cuenta la nacionalidad española del grupo operador.
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