(U24) - Muy convulsionada la provincia de Entre Ríos por estos días por un conflicto de poderes inédito que algunos ya catalogan como una “guerra sin cuartel”. Por un lado, el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, el magistrado que liberó a Sebastián Wagner, quien luego terminara condenado a prisión perpetua por el femicidio de Micaela Garcia, fue suspendido en sus funciones y será enjuiciado por mal desempeño, según decidió del Jurado de Enjuiciamiento entrerriano.
El Jurado de Enjuiciamiento en Entre Ríos está integrado por tres miembros del Superior Tribunal de Justicia, un representante por la Cámara de Senadores, otro por la de Diputados y dos letrados por la sociedad civil.
Al mismo tiempo, el Jurado de Enjuiciamiento desestimó la presentación del Superior Tribunal de Justicia contra la jueza laboral Viviana Murawnik. La decisión de denunciar a Murawnik fue adoptada el martes 5 de septiembre, en la reunión de acuerdo del STJ, donde se analizó un informe del Gabinete de Informática Forense del Poder Judicial, que reunió una serie de publicaciones partidarias que realizó en Facebook la magistrada, según informó el portal La Voz 901.
El informe del Gabinete de Informática Forense fue firmado por el ingeniero Guillermo Fritz. En su presentación se observa que Murawnik es una ferviente militante de Cambiemos, y crítica del kirchnerismo.
En tanto, el jueves 24 de agosto el periodista Jorge Riani, de El Diario de Paraná, denunció que la jueza lo amenazó con iniciarle una causa penal por falso testimonio. Fue cuando, en el marco de una causa que se abrió por unas pintadas que aparecieron en el edificio de la empresa periodística –tras una protesta por condiciones laborales y salarios atrasados-, la magistrada buscó que el periodista señalara como autor de las mismas a un compañero, y para conseguirlo intentó intimidarlo con una demanda penal.
Precisamente, un trabajador de El Diario, Fabián Larrea, presentó una segunda denuncia sobre el desempeño de la jueza, que el Jurado de Enjuiciamiento debe resolver ahora, tras desechar la primera denuncia.
Según el portal entrerriano La Voz 901, el enfrentamiento entre el Ministerio Público Fiscal y un sector del Superior Tribunal de Justicia ya “es escandaloso”. Una iniciativa sin marco jurídico, como las audiencias públicas a fiscales auxiliares, terminó convirtiéndose en un casi conflicto de poderes.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantiene un enfrentamiento con la Procuración General. Esto se vio en los últimos días cuando el alto cuerpo interpuso una medida cautelar de no innovar y paralizó el proceso de audiencias públicas a fiscales auxiliares.
Jurídicamente no tenía ningún sustento, pero todos se habían puesto de acuerdo para que se convierta en un aporte institucional. La figura de fiscal auxiliar no está prevista en la Constitución provincial reformada en 2008, recuerda el medio.
EL RELATO DEL CONFLICTO CONTINÚA ASÍ:
En el medio apareció la petición de Juan Carlos Arralde en representación de Delfina Valeria Geist, una abogada oriunda de Federación que se siente discriminada por el sistema de concursos que se llevó a cabo en la Procuración General.
Esa sensación, la de sentirse discriminada, apareció es tardía. Se presentó a la Justicia hace unas semanas, es decir, varios años después de que se realicen los concursos que fueron convocados abiertamente. Primera rareza.
El dirigente radical atacó en su planteo el artículo 50 de la Ley 10.407 reglamentaria del Ministerio Público Fiscal que autoriza al procurador general a realizar concursos entre funcionarios judiciales.
Su petición exceptúa del previo paso por el Consejo de la Magistratura a quienes eran secretarios titulares de juzgados que se convirtieron en fiscales auxiliares. Segunda rareza.
Arralde es un hombre de los tribunales y fue también convencional constituyente. Pero además es un abogado y dirigente serio. Lo cierto es que el STJ interpuso la medida de no innovar y suspendió las audiencias públicas hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad del artículo 50.
Decodifiquemos: el STJ interfiere un proceso que planteó uno de sus miembros y que el procurador general pudo no haber accedido, porque ninguna norma prevé lo planteado por Castrillón. Tercera rareza.
El último capítulo que se conoce de esta historia es que García solicitó que el Superior Tribunal se aparte del caso. Se llenó el cartón.
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