POLÍTICA / CASO AMIA
Por MARTÍN DINATALE - mdinatale@infobae.com
El gobierno nacional impulsará un plan para juzgar en ausencia a los iraníes acusados de volar la AMIA. Para lograrlo, movilizará en el Congreso la discusión de un proyecto que busca incluir el mecanismo en el Código Penal.
En diálogo con Infobae, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el juicio en ausencia es una herramienta valiosa "para avanzar en procesos de criminalidad compleja donde los imputados eluden el accionar de la justicia refugiándose o escondiéndose hacia otros países".
El Poder Ejecutivo impulsará el debate en el Congreso cuando se reanude la actividad ordinaria, en 2018. La iniciativa apunta a juzgar a los siete iraníes que están involucrados en el atentado contra la AMIA perpetrado en 1994, de los cuales cinco tienen pedidos de captura internacional de Interpol pero se niegan a declarar ante la justicia argentina.
Sin embargo, el instrumento también podrá ser útil "en casos de terrorismo, trata de personas, lavado de dinero y narcotráfico, entre otros", valoró Garavano.
El Ejecutivo incluyó estos delitos transnacionales en el proyecto el año pasado con el objetivo de darle mayor amplitud de criterio a la norma. Se tomó el modelo de países europeos que tienen una legislación similar.
Este nuevo impulso al juicio en ausencia surge a pocos días de que el juez Claudio Bonadio acusara de traición a la patria y dictara la prisión preventiva para la ex presidente Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, entre otros, por el caso de encubrimiento a Irán en la firma del memorándum por la causa AMIA.
El ministro de Justicia fue uno de los impulsores más activos del proyecto de ley de juicio en ausencia ya que el gobierno quiere dar una señal inmediata a la justicia para avanzar en la causa AMIA.
Desde la Casa Rosada creen que si se aprueba el juicio en ausencia, se podrá avanzar en la investigación y dictarse una sentencia contra los iraníes involucrados en el atentado sin que estos tengan que declarar. La iniciativa que se promueve desde el Gobierno en el Congreso contempla la posibilidad de que los acusados sean juzgados a pesar de no haber declarado pero se les otorga la posibilidad de venir a declarar y retrotraer la causa a pesar de que exista un fallo en su contra.
A mediados de mayo de este año el Gobierno impulsó en el Senado el proyecto de juicio en ausencia y logró el aval de los bloques mayoritarios. Incluso el jefe de la bancada peronista Miguel Pichetto suscribe esta iniciativa para dar una muestra a los familiares de las víctimas de que el Estado quiere llegar a la verdad en la investigación del atentado a la AMIA.
El obstáculo que se sumará ahora en el Senado durante el debate de esta iniciativa es que en una de las bancas estará Cristina Kirchner, quien no apoya la idea del juicio en ausencia y está acusada de "traición a la patria" por el memorándum que firmó con Irán, que buscaba tomarles declaración indagatoria a los iraníes acusados.
El titular de la Unidad Fiscal AMIA, el ex senador radical Mario Cimadevilla, por mandato del ministro Garavano fue uno de los funcionarios que dispuso un acuerdo con buena parte de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y consensuó un borrador del proyecto de juicio en ausencia.
La DAIA y un grupo de familiares están a favor de la iniciativa. A su vez, Infobae pudo saber que desde la AMIA, las nuevas autoridades lideradas por Agustín Zbar están conformes con esta idea.
"El juicio en ausencia sirve para avanzar en la causa y dar una señal de que se quiere llegar a la verdad", destacó ayer un allegado a Zbar.
En el caso de que se ponga en marcha esta iniciativa, con el juicio en ausencia se buscará dictar condenas a Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahian, ex ministro de Inteligencia; a Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas Quds; a Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Buenos Aires, y a Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina.
Todos tienen pedido de captura internacional de Interpol y en la causa de Bonadio se sugiere que Cristina Kirchner quiso negociar el levantamiento de las alertas rojas en el polémico memorándum que firmó con el régimen de Irán.
Las entidades judías como Memoria Activa, 18J y Apemia, de Laura Ginsberg, se oponen al proyecto de ley de juicio en ausencia, con el argumento de que una eventual condena a los iraníes "cerraría" la posibilidad de saber efectivamente qué pasó.
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