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| FACUNDO MAGGIO |
(U24) - "La verdad es que tengo miedo. Siento que la impunidad es muy grande", señaló la empresaria Roxana Teves a Télam. "Para mí es una muy mala noticia que la persona que fue representante de las personas que presentaron una denuncia falsa contra mí hoy sea juez y tenga en sus manos la causa", puntualizó.
Por otro lado la empresaria confirmó que es víctima de un chantaje en donde está involucrado el poder político de Tucumán. Facundo Maggio es parte del elenco de abogados que defiende a los genocidas en los diferentes juicios por delitos de lesa humanidad que se realizaron en Tucumán.
Además, la semana pasada fue designado como juez de instrucción por la Legislatura de Tucumán. Maggio es hijo de Pablo Maggio, quien tuvo una dudosa notoriedad al ser “el abogado argentino que escribió a favor de los fondos buitres” como perito de NML, del magnate Paul Singer.
Su labor para los fondos buitres no le impidió trabajar en el sector público, como asesor del Banco Nación. Maggio padre firmó declaraciones de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, enemigos declarados de los juicios por delitos de lesa humanidad.
En su estudio, Maggio padre es socio de Ricardo y Daniel Saint Jean, hijo y hermano de Ibérico Saint Jean, ex gobernador de Buenos Aires durante la dictadura.
En noviembre 2012 Maggio ocupaba un cargo como fiscal Estado cuando debió renunciar ya que al mismo tiempo ejercía la defensa de tres represores.
Se trataba del general retirado Ernesto Arturo Alais, el coronel retirado Carlos Eduardo Trucco y el capellán José Mijalchyk, en el marco de la megacausa “Arsenal Miguel de Azcuénaga y ex Jefatura de Policía II”.
En aquella oportunidad, Maggio recibió los esperables apoyos de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y de Ricardo Bussi. Pero también el Colegio de Abogados provincial emitió un comunicado respaldando a Maggio lo que motivó el repudio de los abogados querellantes de la causa “Arsenal-Jefatura II”.
Los letrados señalaron en una carta la “preocupante similitud” con las valoraciones de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. “Nunca sentimos apoyo por parte del Colegio en los numerosos actos de hostigamiento y amenazas a las que fuimos sometidos los abogados querellantes a lo largo de estos años, y esto a pesar de que muchos de esos hechos tomaron estado público y fueron puestos en conocimiento de la justicia tanto federal como provincial”, remarca la carta firmada por Laura Figueroa, Inés Lugones de Bader, Daniel Weisemberg, Daniel Mendivil, Emilio Guagnini, Julia Albarracín y Julia Vitar.
Desde que se conoció su procesamiento, el capellán Mijalchyk contó con el apoyo del Arzobispado tucumano. El cura de El Colmenar estaba señalado por su participación en el centro clandestino que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga . Además de testigos que aseguraron haber visto “al padre Pepe” existía una nómina que lo incluía como informante del “Servicio de Informaciones Confidenciales” utilizado para recabar información de quienes serían secuestrados.
En la víspera del juicio Mijalchyk no ocultó su relación con genocidas, admitió seguir dando “atención espiritual” a Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Antonio Bussi, entre otros.
Aunque el juez Bejas no había dictado una prisión preventiva cuando lo procesó, si dictó una caución real de $150.000. A principios de enero de 2011, Mijalchyk presentó como parte del pago una camioneta Ford Ranger modelo 99, valuada en $35.000. El resto de la fianza, $115.000, fueron pagados por el Arzobispado.
Además, desde el Arzobispado –en ese momento el arzobispo era Luis Villalba, ahora nombrado cardenal en la era de Jorge Bergoglio– se organizaban las movilizaciones de apoyo durante el juicio. En el largo tramo que va desde las 1ras. denuncias, su procesamiento y el juicio, el cura siguió dando misas.
Finalmente, Mijalchyk fue absuelto y murió impune. Actualmente, Maggio tendrá a su cargo la llamada "Causa Teves", en la que defendió a los hermanos Edmundo y Ana Lucía Jiménez, hijos del procurador de Tucumán, que estaban acusados de presentar una denuncia contra la empresaria con fines extorsivos.
Hace 1 año, la empresaria Teves presentó una denuncia con pruebas de sus afirmaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un expediente que lleva el número 35.599, Teves afirmó que la despojaron de fondos bancarios a cambio de concederle la excarcelación, y además narró que todo empezó precisamente en 2009, cuando falleció Augusto Severini, su pareja por más de 10 años y con quien compartía la propiedad de una cadena de hoteles que sumaban un patrimonio de $20.000.000.
Según su relato, tras la muerte de Severini se inició un juicio sobre la sucesión de sus bienes entre ella y la hija de su pareja y, mientras se resolvía la cuestión de la disponibilidad de fondos en el fuero civil, se presentó una denuncia penal contra la empresaria.
Los abogados Edmundo y Ana Lucía, hijos de Edmundo Jiménez, el titular del Ministerio Público de Tucumán, presentaron una denuncia penal por secuestro contra Roxana Teves por Roxana, sus 2 hijos y su nuera en el Juzgado de Instrucción Número 2.
El 1/11/10, la Justicia ordenó la detención de Teves y su familia "dada la naturaleza y gravedad de los hechos que se están investigando y con el fin de evitar el entorpecimiento de la investigación".
Cuando los 3 llevaban un mes detenidos, el abogado Alfredo Falú, funcionario del gobernador Juan Manzur se ofreció como defensor. "Me dijo que ellos (por los Jiménez) querían el dinero, y que la única forma de obtener mi libertad era desestimar mis reclamos, y me obliga a cambiar de abogados. Así hacen que se nombre a Alfredo Falú como abogado penal, y a René Goane (hijo de un vocal de la Corte Suprema) en lo civil", relató.
El 9/12 Falú redactó un escrito que cambiaba totalmente las declaraciones de Roxana y en las que ésta cedía sus derechos. "Me prometían que todos saldríamos en libertad y sobreseídos. Mi hijo no quería que firmara, pero yo solo pensaba en terminar con esa pesadilla, que todos estuviéramos libres y empezar de nuevo", apuntó la empresaria. Días después de que enunciara a todos sus derechos sobre los bienes, incluso sobre los plazos fijos, Falú presentó manuscrito en el que pidió a la jueza Emma De Nucci (fallecida) que deje en libertad a la empresaria y al resto de los detenidos.
El 22/12, Edmundo Javier Jiménez solicitó a la jueza De Nucci la orden de pago a su favor y ese mismo día se dispuso el pago en pesos y en dólares. Falú presentó entonces un escrito para pedir el cese de prisión preventiva de Teves y su familia y, a pesar de haber sido aprobada por parte de la jueza el mismo 17/12, la libertad fue concedida el 22/12, fecha en la que Jiménez recibió el pago.
Durante el trascurso de la causa, Maggio, sobrino del procurador tucumano, se presentó como defensor de los hermanos Jiménez y ahora será el juez que deberá resolver la situación de Teves, quien aún no fue sobreseída en la causa, puntualizó la empresaria.
El pasado jueves 15/03, la Legislatura de Tucumán aprobó por 32 votos a 13 la designación de Maggio como nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la provincia, en función de una propuesta presentada por el Ejecutivo que encabeza Juan Manzur.
Los otros votos en contra fueron de parlamentarios alineados con Cambiemos y opositores al oficialismo provincial: Eudoro Aráoz (UCR), Luis Brodersen (PRO), José Canelada (UCR), Rubén Chebaia (UCR), Alberto Colombres Garmendia (PRO), Adela Estofán (UCR), Luis Gonzalez (bloque Arturo Illia), Cristian Rodríguez (bloque Peronismo del Bicentenario), Alfredo Toscano (Peronismo del Bicentenario), Fernando Valdez (UCR) y Claudio Viña (Nueva Fuerza). Se abstuvieron los jaldistas Raúl Albarracín y Ariel García.
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