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(DIARIO POPULAR) - Los encargados de la investigación del escándalo denunciado por Independiente por la corrupción de al menos un par de jugadores de sus divisiones inferiores, aseguran que esta denuncia caratulada como “abuso de menores y facilitación de abuso” y en la que está implicado el juez asistente de Primera División de la AFA Martín Bustos y por quien, según la agencia Noticias Argentinas, ya se libró el pedido de captura, puede ser la punta del iceberg de un problema muy serio que afectaría a buena parte de las categorías juveniles del fútbol argentino.
Joaquín V., un futbolista integrante de la 4ª división de Independiente, quien vivía en la pensión del club aún con 19 años debido a una lesión de rodilla por la que se le prorrogó su contrato, se quebró en su charla con el psicólogo de la institución y contó que colaboraba por dinero con un grupo de proxenetas reclutando juveniles de las inferiores para que, también por dinero, efectuaran favores sexuales a varones mayores de edad, entre los que se encontraría el juez de línea de primera División que hasta hace algún tiempo dirigía partidos de inferiores.
De inmediato, el coordinador de inferiores Fernando Berón y el encargado de la pensión Fernando Langenauer, realizaron la denuncia correspondiente y, en la mañana de ayer, ampliaron sus declaraciones ante la fiscal María Soledad Garibaldi en la Unidad Fiscal de Investigación 4 de Avellaneda.
También declararon los chicos involucrados (serían 2 o 3), quienes ahora deberán ratificar sus dichos ante cámara Gesell, pese a que ya se adelantó que todos sus dichos resultaron “muy verosímiles”.
De sus declaraciones quedaron implicados, además del futbolistas Joaquín V., ya expulsado por Independiente, otros cuatro mayores de edad: el juez asistente y abogado Martín Bustos (quien fue relevado de su designación del fin de semana, San Martín de Tucumán-Instituto), Leonardo, Juan y Alejandro, residentes en distintas localidades: San Isidro, La Plata, Sarandí y Palermo, para los que se dictó un pedido de allanamiento.
Extrañamente, los allanamientos y el pedido de detención de Bustos, cuyo número de teléfono aparece en la denuncia de Independiente, llegó recién a últimas horas del jueves. Durante la jornada, estas medidas parecían inminentes, ya que la causa que se investiga representa una pena de 30 años de prisión, por lo que las autoridades temían la posibilidad de que alguno se diera a la fuga. Así parece ser el caso del árbitro, quien se encuentra prófugo de la Justicia.
Tras los allanamientos en domicilios de su familia, Bustos no fue encontrado por las autoridades. Lo que sí pudieron constatar es un dato a destacar: el padre del referí tiene una condena por un caso de abuso sexual.
El club Independiente, que se presentó inmediatamente ante la Justicia al conocer los hechos, quedó exceptuado de responsabilidad penal, aunque podría recibir demandas civiles de parte de los padres de los menores ya que si bien los hechos se produjeron fuera de las instalaciones, el club tiene la guarda y tutoría de los chicos.
Según obra en la denuncia, los chicos recibían 2.500 pesos para acceder a los favores sexuales con los hombres mencionados.
La Justicia cree que esta modalidad de reclutar en los clubes a chicos del interior con necesidades económicas para prostituirlos y explotarlos sexualmente, podría extenderse a la mayoría de las instituciones de nuestro país, y que esta denuncia surgida en Independiente podría servir para desbaratar a esta red dedicada a la corrupción de menores.
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