(U24) - El crimen de Leandro Miguel Alcaraz, el chofer de la línea 602, perpetrado en la localidad de La Matanza, reactivó el debate por las cámaras de seguridad en los colectivos. Y dejó en evidencia que la ley no se cumple.
¿Quién se hace cargo? Ahora, tras el asesinato, el gobierno bonaerense anunció créditos blandos para instalar cámaras de seguridad en los colectivos, ya que según la ley, éstas deben ser incorporadas por las empresas concesionarias “bajo su exclusivo cargo y responsabilidad”.
Luego de la reunión que mantuvieron la gobernadora María Eugenia Vidal y el titular de la UTA, Roberto Fernández, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo que en un plazo de 3 meses los colectivos que realizan recorridos nocturnos en el GBA deberán tener cámaras de seguridad. Y todas las unidades tendrán que colocar esos dispositivos en un plazo máximo de seis meses.
Ritondo explicó que “hubo problemas de financiamiento” para la instalación de las cámaras de seguridad en las unidades, previstas por una ley sancionada a finales de 2016, que preveía que en 2018 se completara la instalación en el parque automotor.
“Acordamos que los colectivos que trabajen de noche tengan todos cámara, en 180 días”, explicó, y ante la réplica de periodistas por el tiempo estimado, reiteró que en seis meses de completará la instalación. Además, se instalarán botones antipánico, cuyo gasto estará complementa a cargo del gobierno provincial.
Por su parte, la intendente de La Matanza, Verónica Magario, había reclamado: “le pedimos a la Gobernadora Vidal que cumpla con la ley que hace mas de un año votó la Legislatura de la Provincia, que exige que se pongan cámaras en los colectivos de toda la Provincia de Buenos Aires. Si hoy hubieran estado esas cámaras en los colectivos, quizás este desgraciado hecho de inseguridad no hubiera ocurrido".
Cabe destacar que el Senado bonaerense aprobó a finales de diciembre de 2016 la Ley 14897, que estableció que las líneas provinciales y comunales “deben contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un período cierto”.
La misma indicaba que una vez reglamentada, las empresas tenían 180 días para acondicionar las unidades. Sin embargo, en febrero de 2017 Vidal promulgó esta ley pero, a pesar de que ya pasó más de un año, la misma no se cumplió. Lo más problemático de la ley es que sostiene que las cámaras deben ser incorporadas por las empresas concesionarias “bajo su exclusivo cargo y responsabilidad”.
Y, como era de esperar, los empresarios se resistían alegando que la medida tiene un alto costo de equipamiento. Recién ahora, y con otro colectivero asesinado y las consiguientes medidas de fuerza que tomaron sus colegas, el Gobierno toma cartas en el asunto. Habrá que ver si efectivamente, y finalmente, se cumple la ley 14897.
# "EL GOBIERNO REACCIONA SIEMPRE TARDE"
El presidente del bloque de concejales del Frente Renovador de Lomas de Zamora, Ramiro Trezza, celebró la implementación del sistema de cámaras de seguridad en transportes públicos, pero lamentó que "haya tenido que morir un trabajador para que el gobierno reaccionara".
"El Gobierno reacciona siempre tarde, no actúa para combatir la inseguridad, solo pone parches. Recién ahora avanza en la implementación de una ley que fue aprobada a fines de 2016", señaló Trezza.
"La ley estaba sancionada y promulgada, al gobierno le faltó decisión para enfrentar el problema en los colectivos y combatir la inseguridad. Con esta ley en funcionamiento, hubiéramos identificado inmediatamente a los autores del asesinato del colectivero en Virrey del Pino, y hasta con las cámaras se podría haber disuadido a los delincuentes", opinó.
Sobre este tema, en septiembre de 2017, Trezza presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora para exhortar al gobierno provincial a reglamentar la ley. El texto fue aprobado por unanimidad y girado al Ejecutivo, pero la puesta en marcha nunca se llevó adelante.
El referente del Frente Renovador pidió al Ejecutivo la "urgente" reglamentación de la norma que con su puesta en operatividad "salvará vidas, hará disminuir considerablemente la comisión de delitos y permitiría dotar a la Justicia de un elemento probatorio valiosísimo para condenar a los autores de delitos cometidos en el transporte Público de Pasajeros".
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