(U24) - Pablo Moyano fue citado a declaración indagatoria por el fiscal Sebastián Scalera, el mismo que había pedido -sin éxito- su detención, en la causa por asociación ilícita con la barra brava de Independiente, en donde está acusado de defraudar al club a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos.
El gremialista deberá ir el jueves 1 de noviembre a las 8:30 a Lomas de Zamora y está obligado a presentarse, aunque no es necesaria la presencia del juez, que casualmente ese día vuelve de su licencia.
Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la Justicia Federal, el llamado a indagatoria es potestad del fiscal y no requiere la aprobación del juez.
El líder de Camioneros declarará como imputado, ya que está acusado de ser el jefe de la asociación ilícita en el club que preside su padre, Hugo. Por esta causa, el fiscal había pedido detenerlo, aunque el juez Luis Carzoglio no hizo lugar al pedido porque, según explicó en los fundamentos, el delito que se investiga de asociación ilícita "se encuentra determinado y/o circunscripto y se centra en base a lo reseñado en el auto de prisión preventiva, que luego fuera confirmada por alzada", del líder barrabrava Pablo Alejandro Álvarez, alias "Bebote".
Además el magistrado señaló que hay medidas de prueba en curso, como los peritajes a teléfonos y computadoras en las que aún "no se ha cumplimentado con las notificaciones a los defensores particulares correspondientes".
"Ello sin mencionar que las escuchas transcriptas obedecen a los años 2014, 2015 y 2016, con bastante antelación al inicio de la presente causa", agregó.
La decisión del juez se conoció justo cuando Hugo Moyano brindaba un discurso ante los camioneros, que se manifestaban frente a la Secretaría de Trabajo en reclamo a la reapertura de la discusión salarial del sector -aunque con los apuros judiciales de Pablo también se interpretó como una demostración de fuerza de los Moyano ante el acoso tribunalicio-.
"Por más que los gorilas, los antiobreros, estos hdp (sic) que nos gobiernan, el juez ha tenido la suficiente grandeza para no aflojar frente a las presiones de todos los funcionarios que se encargan de la seguridad (en alusión al ministerio de Seguridad)", destacó entonces Moyano, ante los manifestantes.
Y ponderó a Carzoglio. "El juez se la bancó" afirmó y aseguró que el magistrado "dijo que no va a meter preso a personas por las que no haya motivos".
Previamente, y desde Singapur, Pablo Moyano llamó "payaso" al fiscal Scalera -quien solicitó el arresto- y acusó al gobierno de Mauricio Macri de perpetrar una "persecución" en su contra.
En el expediente están imputados también Hugo Moyano y el jefe de la barra de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez, quien en una escucha judicial reconoció la intromisión de Pablo Moyano en el negocio: "Es el que nos da las cosas, que lo sepa todo el mundo. ¿Cuál es el problema?".
Días atrás, el fiscal de Lomas de Zamora apeló además a la resolución por la que el juez Carzoglio rechazó detener a Pablo Moyano por la causa. Al respecto, Scalera afirmó que "si no hiciera" el pedido sería una"grave irresponsabilidad" del Ministerio Público fiscal, pues se estaría afectado el "principio de igualdad" ante la ley, porque, "con los mismos elementos de prueba" en la causa "hay detenidos con prisión preventiva confirmada".
"La decisión de Carzoglio no se ajusta a los lineamientos y exigencias legales y constitucionales que el magistrado debe respetar para que su decisión sea válida", planteó en su escrito el fiscal. Para el representante del ministerio Público Fiscal, "la decisión (del juez) no ha sido producto de la sana crítica racional del juez o de su libre convicción, libertad, que entendemos no ha tenido al momento de fallar (perdida de la imparcialidad por la que además recusamos), y mucho menos de una crítica racional, pues su argumentación y temperamento no se compadecen con las constancias de la causa".
Al considerar que el magistrado "no ha realizado una lectura íntegra del expediente y una evaluación completa de toda la prueba contenida en él, de manera concierne, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y la libre convicción", pidió no sólo la detención la semana pasada sino que llamó a indagatoria al sindicalista.
La Fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita de la cual el jefe sería Pablo Moyano, que se dedicó a “defraudar al club Independiente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos”, todo esto, sin ingresar al patrimonio de la institución los ingresos correspondientes a esas entradas.
La discusión entre el juzgado y la fiscalía se dio, entre otros puntos, sobe las conversaciones obtenidas en las intervenciones telefónicas. "El juez insiste enfáticamente en la ajenidad de Moyano en la decisión de la barra, y se equivoca, cuando al mismo le cabe la decisión de autorizar o no cuestiones atinentes al viaje de la hinchada de dicho club, dejándose entrever que el poder de decisión lo detenta Moyano, quien resulta ser la persona que otorga dicha autorización, vale decir, sólo autoriza quien se encuentra en una posición jerárquica superior", resaltó Scalera en su resolución.
Para la fiscalía, no hay dudas sobre la responsabilidad del hijo de Hugo Moyano: “Ese grupo de sujetos violentos obtiene determinados beneficios del club Independiente (entradas, protocolos, cuotas sociales, ingreso a estadio, viajes, etc) que permiten la conservación de la estructura ilícita y su constante actividad al margen de la ley”.
En su planteo, Scalera fue más allá y concluyó que la obtención de dichos beneficios “jamás podrían desarrollarse sin la connivencia, autorización o beneplácito de las autoridades dirigenciales superiores del club”. Así, entendió que no puede soslayarse la “responsabilidad, rol e intervención” en la toma de decisiones de Pablo Moyano.
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