(Por RUBÉN CHORNY / U24) - RESUMEN. Una andanada de tarifazos superiores al 1.000% de luz, gas y agua; otro tanto por revalúo inmobiliario para cobrar el impuesto provincial; ABL municipal en la misma línea, y más de lo mismo para el millón largo de alcanzados por el invento de bienes personales, que se aplica a quienes nada más tengan una propiedad y un automóvil que al “precio de mercado” que fijen los organismos superen los $2 millones, todo junto constituyen las expensas que pretenden cobrar los gobernantes del país a los mismos contribuyentes de siempre.
Prevalece la voracidad recaudatoria por sobre cualquier análisis de lo que, según quién se trate, los bolsillos pueden apechugar y lo que no.
En qué situación se encontrarían los 12 millones de asalariados registrados, entre públicos y privados, si se pasara el peine fino: cuántos han sido afectados por la problemática laboral, cómo incidió la diferencia entre la inflación y los ajustes salariales en la capacidad adquisitiva de los ingresos.
Yendo a los jubilados que tienen su casa y algún ahorro para afrontar la pasividad: si están en condiciones de destinar los diezmados recursos a saciar la voracidad fiscal, si los jóvenes que compraron vivienda con un crédito UVA encima deben tributar sobre el valor de lo que están pagando como si lo hubieran cancelado en su totalidad.
Tildar todos estos interrogantes llevaría a una instancia de debate que la dirigencia argentina no se decide a encarar: cómo hacer para desarrollar la economía y repartir equitativamente tanto ingresos como cargas.
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