(U24) - El jueves 01/11 tiene fecha de inicio el Acuerdo de Prestaciones Farmacéuticas que firmaron la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA, que conduce Isabel Reinoso) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI, dirigido por Sergio Cassinotti).
A partir de ahora, el pago no se hará más a laboratorios sino a los Colegios de farmacéuticos quienes a su vez lo distribuirán entre sus afiliados. El contrato implica que se van a estabilizar los precios de medicamentos y las condiciones serán fijadas por los que compran, y si funciona se saldrá de la cartelización.
De acuerdo a lo que anticipó el diario del cogobernante Grupo Clarín, "Si todo sale como prometen, a partir del 1 de noviembre se hará realidad un cambio rupturista que, luego de 20 años, modificará los pasos de la tradicional cadena de pagos de medicamentos entre el PAMI y sus afiliados, una movida estratégica en la que pierden poder los laboratorios y se empoderan el PAMI y las farmacias. (...)".
De acuerdo al diario Clarín, "(...) la meta de este cambio, en la letra chica, es quitarle poder a los laboratorios, a través de una descentralización en la negociación que se hace actualmente. Porque la potencia de esas compañías se vino ejerciendo desde el núcleo de las propias cámaras que representan a los laboratorios, con las que el PAMI se veía obligado a negociar cada año, según un convenio de fines de los '90. (...)".
Los laboratorios más importantes del país -los nacionales, ya que los extranjeros son más reducidos en sus operaciones- ganaron un enorme poder durante los años '80 y '90, en especial manipulando la legislación sobre propiedad intelectual. Así, a varios de ellos se les atribuyó una participación fundamental en la financiación de la reelección presidencial de 1995, según se dijo en su momento.
A su vez varios de ellos han sido los grandes adversarios de la expansión de las cadenas de farmacias, financiando -también se dijo- a colegios de farmacéuticos: las cadenas pueden discutir el precio cuando las farmacias individuales no pueden regatear.
En este contexto, según la web LetraP, la diputada nacional Elisa Carrió (CABA/CC ARI) denunció en sede judicial a varios de los directivos de la cámara que agrupa a los laboratorios nacionales, conocida como CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos).
Durante los años recientes no han faltado ocasiones para que ese gremialismo empresario fuese considerado responsable de sobrecostos en el gran comprador de especialidades medicinales, el PAMI.
A nadie escapa que Carrió es muy cercana al ex vicejefe de Gabinete de Ministros, Mario Quintana, cofundador del fondo Pegasus, propietario de la cadena Farmacity, y quien libró grandes batallas con socios de CILFA, en especial Roemmers, hoy día representado por Eduardo Macchiavello.
Hasta ahora, los 4,9 millones de afiliados de la obra social gozaban de una cobertura de entre el 50% y el 100% en el costo de los medicamentos por medio de la “administración” que las cámaras de los laboratorios hacían del dinero entregado por el PAMI. Sin dudarlo, una situación muy cuestionable.
El PAMI le asignaba dinero a CILFA y COOPERALA, y a CAEME, de los laboratorios extranjeros; y estas cámaras gestionaban el circuito financiero que involucraba tanto a droguerías como farmacias.
Es ridículo pero en la Argentina, las cámaras gremiales empresarias hacían de intermediarias, y esto también sucedió con los K, que se dicen progresistas.
Esta concesión incluía el sistema de validación, proceso y auditoría de las recetas a través de la plataforma informática Farmalink. Sin duda un tema para seguirlo, en especial por la información que Carrió puede tener acerca de lo que ha ocurrido durante los años recientes.
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