(U24) - Desde la organización civil Poder Ciudadano, un espacio que trabaja en la coordinación de reclamos de la ciudadanía frente al Estado, denunciaron que la administración nacional se negó a entregar el listado de ingresos de personas a la Quinta de Olivos.
Sin embargo, en 2016 había facilitado la misma planilla sobre la permanencia de Cristina Fernández en la residencia presidencial.
“El gobierno actual que nos entregó en 2016 todos los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante el Gobierno Kirchnerista, ahora se niega a entregar los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante la gestión de Macri. #Cambiaron #Accesoalainfo”, señaló la organización a través de una red social.
Poder Ciudadano dio a conocer la decisión de una dependencia de la Secretaría General de la Presidencia de negar el pedido de acceso a la información. El gobierno actual que nos entregó en 2016 todos los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante el Gobierno Kirchnerista, ahora se niega a entregar los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante la gestión de Macri. #Cambiaron #Accesoalainfo pic.twitter.com/Q0lPNdrqVJ
— Poder Ciudadano (@poderciudadano) 30 de octubre de 2018
“Deniéguese el pedido de acceso a la información pública presentado por el Sr. Pablo Secchi -en su carácter de Director Ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano– en relación a la información solicitada de acuerdo a los términos expuestos en la presenta medida”, se indicó a través de la normativa difundida.
Mientras la excusa es que se trata de "Información sensible" que "pone en riesgo la seguridad del Presidente y su familia", los organismos que plantean metodologías de control ciudadano objetivo se ven privadas de datos para determinar el nivel de transparencia de una administración pública.
Poder Ciudadano celebró unos días atrás que el Gobierno aceptó el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, tras la presentación para que las Declaraciones Juradas de cónyuges e hijos de funcionarios también sean públicas, como una gran herramienta para detectar casos de corrupción.
La organización nacida en 1989 tiene seis ejes desde donde aborda distintas problemáticas que hacen al mejor funcionamiento de la democracia: el fortalecimiento y transparencia de los procesos electorales, el acceso a la información parlamentaria, la apertura de datos públicos para control social, la participación ciudadana en el control de la corrupción, el debate y participación de un sistema judicial independiente y el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos.
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