(U24) - El presidente conservador colombiano Iván Duque ascendió respaldado por el senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero no termina de hacer pié acerca de grandes problemas estructurales que tiene Colombia.
Es cierto que Duque heredó los problemas pero también que muestra una lentitud en la gestión que puede resultar o indolencia o ineficiencia.
Por ejemplo, hace 1 año la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó, a través de la sentencia Nº 4.360/2018, que se aplicaran mecanismos para frenar la deforestación.
Sin embargo, las acciones del gobierno han sido mínimas, y no han logrado frenar la deforestación ilegal. Aquí el pecado de Duque: La meta actual del Plan Nacional de Desarrollo va en contra del Acuerdo de París, así como del compromiso adquirido de deforestación neta cero en la Amazonia a 2020, y de la sentencia 4360 de 2018 que declara a esta zona sujeto de derechos
Por ese motivo, al cumplirse un año de la decisión, los 25 niños, niñas y jóvenes que interpusieron la acción de tutela para frenar la deforestación y sus consecuencias sobre el cambio climático, le solicitaron al Tribunal Superior que declare el incumplimiento, por parte del Estado y de los demandados, de las 4 órdenes que entregó la Corte en abril de 2018.
La Amazonia concentra 75% de la deforestación del país. Pero el gobierno de Duque no ha considerado el tema con alguna urgencia. Consideró el crecimiento respecto al año anterior, con un línea base de 23% y un objetivo para los próximos 4 años de 0%.
Ese 23% representa el aumento en el número de hectáreas deforestadas entre 2016 y 2017, cuando se pasó de 178.597 hectáreas a 219.973 hectáreas. “Esto significa que si se siguen deforestando 219.973 hectáreas anualmente se estaría cumpliendo el objetivo. Por lo tanto, lo que tememos es que lo que se plantea permitiría que durante el cuatrienio se pierda una cantidad de hasta 879.892 hectáreas y no pasaría nada", explicó Valentina Rozo, una de las accionantes de la tutela.
Los accionantes de la tutela de cambio climático se unieron con expertos y organizaciones de la sociedad civil para pedirle al Congreso de la República que modifique la meta de deforestación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, propuesta por Duque.
PUEBLOS ORIGINARIOS
En tanto, ha comenzado una oleada de movilizaciones indígenas en el departamento del Cauca, y los cortes de la carretera Panamericana han aislado el suroeste del resto del país. Los nativos demandan un incremento de la inversión contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, de US$ 3.000 millones y que las comunidades consideran insuficiente para abandonar la pobreza que los colma.
Las movilizaciones ya han dejado al menos 8 fallecidos por manipular explosivos, según el Ministerio de Defensa, y 1 manifestante murió al recibir disparos– y decenas de heridos en los enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
La modalidad de la protesta se llama 'minga', que en lengua quechua es una tradición de trabajo agrícola colectivo Tanto Álvaro Uribe como Juan Manuel Santos negociaron con los líderes indígenas, acumulando más de 1.000 compromisos incumplidos.
El Consejo Regional Indígena del Cauca, territorio en el que viven cerca de 200.000 nativos, rechazó las acusaciones del Ejecutivo y de la Fiscalía, que sostienen que fueron infiltrados por grupos disidentes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, llegó a especular con la posibilidad de que Nicolás Maduro pueda aprovechar la situación para controlar la protesta. Duque ha declinado reunirse con los representantes indígenas porque desea evitar crear un precedente y sostiene que primero ellos deben acabar los cortes de la Panamericana que impiden el abastecimiento de la región y dificultan el acceso al puerto de Buenaventura, el principal del país.
Sin embargo, sí envió una delegación encabezada por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, algo que activó un "puente aéreo humanitario" para el transporte de medicamentos y suplementos nutricionales hacia el sur de Colombia.
Naciones Unidas pidió que se mantengan los canales de diálogo. La oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reafirmaron a las partes que "el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos".
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