ANTECEDENTE: SAN LUIS
(U24) - Hace más de un mes la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la provincia de San Luis en un reclamo por la coparticipación. A partir del mismo, se definió que el Estado nacional le pague a esta provincia $15.000 millones. Pero San Luis no era la única que había hecho este reclamo, en el caso de Santa Fe se trata de de un monto que alcanzaría los $54.000 millones.
Según un fallo de 2015, el Gobierno debía dejar de retenerle a esas tres provincias unos $8.000 millones por año. Pero el tribunal resolvió que eso no ocurrió en San Luis.
Antes, a fines del año pasado, la CSJN falló también para devolverle fondos de coparticipación a La Pampa. En el caso de Santa Fe es inminente una definición a favor de la provincia.
Hasta mediados del año pasado, Santa Fe reclamaba $54.000 millones, aunque la Casa Rosada sólo reconocía $39.100 millones. En las negociaciones se avanzó hacia la posibilidad de un pago con bonos y en obras públicas en la provincia, pero nunca se terminó de cerrar con Interior.
Ahora el gobierno provincial le reclama a la Nación, al igual que hizo San Luis, la deuda por la detracción del 15% que la Anses hacía de la coparticipación.
NUEVO ESCÁNDALO: HONORARIOS DE DEFENSORES
En el caso del fallo a favor de San Luis, el presidente de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, se habría excusado de tomar la decisión porque patrocinó a una de las provincias que litigaron contra la Nación. Se trata de Santa Fe, que fue defendida por el estudio de Ricardo Gil Laverda y el de Gabriel Bouzat-Carlos Rosenkrantz, socios hasta que el segundo fue nombrado magistrado del máximo tribunal.
Según fuentes judiciales, en esta causa el gobierno de Santa Fe y los abogados no fijaron un pacto de cuota litis (un acuerdo por el que se conviene que lo honorarios se percibirán a condición o en función del resultado favorable o positivo del mismo) y habría un conflicto por el cobro de honorarios.
De acuerdo a antecedentes recientes, el Supremo Tribunal de la provincia tendría que resolver esta cuestión. En la sentencia de 2015 en la que la CSJN pidió la regulación en la provincia, el abogado Gabriel Bouzat, entonces socio de Rosenkrantz, fue quien representó a Corrientes (otra de las provincias que reclamó por los fondos de coparticipación). Entonces, hubo un reclamo de Bouzat por sus honorarios.
La CSJN especificó que el conflicto debía resolverse en tribunales provinciales, pero que el monto debería rondar entre el 14 y el 20% de $45.000 millones. Por lo tanto, la cuestión en Santa Fe también debería ir a parar a la Justicia provincial.
En el caso de Ricardo Gil Laverda, que también defendió al Gobierno de Santa Fe en la causa por coparticipación, se habría llegado a un acuerdo entre el estudio y el Procurador General de dicha provincia. El mismo sería de $200.000 por mes, durante unos 18 de meses: más de $3 millones.
Se pactó en tiempos de Hermes Binner (gobernador de Santa Fe entre 2007 y 2011), cuando se inició la causa contra Nación. Entonces, el dólar rondaba los $3 y el monto era considerado "una fortuna". A esto se le sumaba que ni Gil Lavedra ni Bouzat fueron seleccionados a partir de una licitación, por lo que la selección de los abogados también fue cuestionada.
El conflicto continúa: Habría una nueva presentación a la Corte Suprema porque el ejecutivo no lo pagó. La cuestión judicial sigue sin resolverse, aunque se espera una inminente sentencia del máximo tribunal a favor de la provincia de Santa Fe y en contra de Nación.
Dato de color: Gabriel Bouzat fue citado este miércoles 3/4 por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla para prestar declaración testimonial en el marco de la causa que investiga una red de espionaje ilegal que respondería a la AFI.
A partir del allanamiento realizado al falso abogado Marcelo D'Alessio, se habrían encontrados documentos que probarían que tenía registros de viajes al exterior de Bouzat desde 2007 a 2016.
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