CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El Gobierno informó la enorme cifra que le otorgó al socio de la familia presidencial, Lázaro Báez: más de 8.000 millones de pesos, en decenas de contratos de obra pública durante la última década.
Fue mientras el empresario K pagaba, aunque sin usar, cientos de habitaciones y salones de hoteles de los Kirchner. El monto consta en un informe reservado que el Gobierno envió a la Justicia, del cual el diario 'La Nación' consiguió una copia.
Los servicios prestados por Báez van desde pavimentación de calles hasta la construcción de hospitales, cloacas y escuelas, con énfasis en las obras viales, con cientos de cuadras, rutas, avenidas, rotondas, empalmes y circunvalaciones.
Cerca de 60 obras en total, a un valor promedio de $ 146 millones por contrato. Los montos van desde $3,1 millones a $637 millones, con mayoría de contratos firmados por Austral Construcciones, la empresa más importante del grupo Báez.
Hay, entre otras, obras en la cuenca del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, por $239,1 millones, en sociedad con Ecodyma, la constructora que le prestó un helicóptero al vicepresidente Amado Boudou.
El informe oficial, con fecha 15 de marzo, tiene diez carillas y forma parte de la causa sobre los negocios y sociedades de la familia presidencial que empezó con la denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer y estuvo a cargo, en un principio, del juez federal Claudio Bonadio.
Hasta que la Cámara Federal porteña lo apartó, y dejó la causa en manos de su par Daniel Rafecas. El juez pidió este informe para verificar si había un circuito de dinero entre los Kirchner y Báez, con la sospecha de que el Gobierno le transfería montos millonarios en obra pública a Báez, que luego usaba parte de esos fondos para alquilar habitaciones y salones de los hoteles de la familia presidencial, y de las propiedades de los Kirchner en El Calafate y Río Gallegos.
El informe, que está firmado por el subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens, refleja que la mayor parte de los contratos que consiguió Báez se usaron para obras en la Patagonia, mientras que hay un par en las provincias de Buenos Aires y de Formosa.
Todos los contratos que figuran en el reporte son de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, a través de su Dirección Nacional de Vialidad. Aunque no aparecen los cientos de millones de pesos que Báez ganó por las canteras, ni tampoco las obras que firmó con gobiernos provinciales durante el kirchnerismo, en especial, el de Santa Cruz.
Ahora el Gobierno debe entregar información sobre la sociedad Hotesur, según ordenó el juez. Según el diario 'Clarín', la justicia contencioso administrativa aceptó un amparo de Stolbizer: el ministerio de Justicia tiene diez días para darle datos sobre los estados contables de la firma y la multa de $3000 que le había impuesto.
Sucede que mientras el juez federal Rafecas tiene en sus manos la causa principal, un juez contencioso administrativo federal aceptó un amparo de la diputada y ordenó que el ministerio de Justicia le entregue esa información.
Con la firma del juez Pablo Cayssials, la sentencia responde a un pedido de acceso a la información pública y busca abrir el cepo informativo que impera en la Inspección General de Justicia desde 2012, cuando por orden del ex subsecretario de Coordinación y Control Registral del ministerio de Justicia, Ernesto Kreplak, el organismo encargado de controlar a todas las sociedades y organizaciones civiles registradas en la Capital Federal comenzó a negar el acceso a datos públicos correspondientes a las empresas cercanas al gobierno envueltas en denuncias o sospechas de corrupción.
El cepo informativo en el IGJ fue clave para ocultar las irregularidades de Hotesur, la empresa familiar de Cristina Fernández que comenzó a ser investigada por Bonadio justamente porque no había presentado en tiempo y forma ante la IGJ sus balances, la renovación de autoridades y otros datos de notificación obligatoria.
Esas irregularidades abrieron las puertas a una investigación más profunda sobre supuesto lavado de dinero, que ahora pasó a manos de Rafecas. En busca de acotar el nuevo escándalo a la órbita administrativa, la IGJ –ahora dirigida por Martín Cormick, un abogado más preocupado por lavar la cara del organismo pero igualmente controlado por Kreplak– anunció una multa de 3000 pesos a Hotesur, como castigo por todas sus faltas.
La diputada Stolbizer presentó un amparo ante la justicia contencioso administrativa para que se conocieran los datos que la Inspección conserva sobre Hotesur, y si efectivamente la firma pagó la multa.
El juez Cayssials le dio la razón y, además, obligó al organismo a informar sobre “los estados contables presentados por la sociedad mencionada (Hotesur) y a facilitar copias de todas las actuaciones” que sobre la firma existan en la IGJ, según 'Clarín'.
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