José Aguilar, presidente de la Cámara de Apelaciones. Ana Order, una de las integrantes de la Cámara de Apelaciones. Carlos Salvatore, principal imputado de la causa de Lavado. (Diario Norte)
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Los integrantes de la Cámara Federal de Resistencia resolvieron declarar la incompetencia del juzgado federal de Sáenz Peña para actuar en la causa de lavado de dinero que involucra a los principales imputados de la causa 'Carbón Blanco'.
La causa de lavado involucra al principal acusado de la causa Carbón Blanco, Carlos Alberto Salvatore, a sus familiares directos y socios, procesados por la jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, quien se pronunció en línea con la petición del fiscal Carlos Sansserri y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.
A su vez la jueza federal había fijado el embargo, en aquel momento sin precedentes, por más de $1.600 millones a los miembros de la organización. Además de Salvatore, a quien se considera jefe de la organización, el procesamiento comprende a su esposa, Silvia Susana Valles Paradiso, al empresario Ricardo Gassan Saba y al jubilado, suegro de Salvatore, Santiago Valles Ferrer, quienes están detenidos con prisión preventiva.
También fueron son objeto de la investigación el abogado, docente y funcionario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mariano Jesús Castellucci y la martillera pública -hija del principal acusado- Carla Yanina Salvatore D’Ursi , ambos excarcelados.
Los magistrados José Aguilar y Ana Order, integrantes de la cámara, en los fundamentos de la sentencia señalaron que “se requiere que quien investigue un hecho que pueda ser considerado típico penalmente, tenga la competencia material legalmente establecida, y en casos como el que nos ocupa debe ser un Juez federal”.
“También se requiere que el Juez Federal que investigue el hecho imputado, sea a su vez competente territorialmente; es decir, que el o los hechos hayan sido cometidos en su jurisdicción territorial”, agregaron.
“Entendemos que no puede aseverarse en esta etapa del proceso la conexidad fáctica que tanto la señora Juez de Instrucción como el señor Procurador Fiscal encuentran entre la presente causa y la mediáticamente denominada “Carbón Blanco”, ni tampoco su consideración como delito antecedente del delito de lavado de activos que aquí se denunciara que, huelga decirlo, en modo alguno se requiere en este tipo de ilícito sobre todo a partir de la ley 26.683”, determinaron.
“Y en este orden de ideas, el único punto de contacto que se vislumbra entre ambas causas es la persona de Carlos Alberto Salvatore ya que, efectuado un pormenorizado análisis de los hechos puntuales referidos en la denuncia presentada por la Procelac ante la Fiscalía de Presidencia Roque Sáenz Peña, surgen cuatro operaciones sospechosas que fueron detectadas por la UIF (o denunciadas ante ella) con relación al imputado antes referido. Dos de esas operaciones vinculadas a negocios inmobiliarios y dos relacionadas a movimientos financieros de carácter inusual”, comentaron.
En tal sentido, ambos magistrados camaristas determinaron que “los inmuebles que serían de propiedad tanto de Salvatore como de los restantes imputados en la causa se encuentran ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la documental agregada, surge que las disposiciones monetarias injustificadas habrían sido efectuadas por los sujetos denunciados y detectadas en un escenario muy distinto al de la ciudad de Sáenz Peña “, graficaron.
“Todas las posiciones jurídicas nos llevan a afirmar que resulta competente el Juez Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en turno corresponda, ya que, como se dijera, las operaciones cuestionadas fueron efectuadas y detectadas en aquel territorio y lo cierto es que en autos se investiga únicamente el lavado de activos de origen ilícito”, concluyeron.
Deberá recordarse que, antes de la intervención de los camaristas, la Justicia de 1ra. instancia consideró que los imputados ‘habrían convertido, transferido, administrado, vendido, disimulado o aplicado de cualquier otro modo conforme a la conducta que se le reprochará en cada caso), desde el año 2005 hasta la fecha de su detención, bienes, dineros, acciones societarias, etcétera, y que serían provenientes del producido de la ilícita actividad del narcotráfico”.
Según se desprende de la investigación, el dinero obtenido del tráfico de drogas fue conducido hacia emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata, inversiones en automóviles de lujo, proyectos cinematográficos, en cambios, activos en USA y 'empresas pantalla', entre otras maniobras. A su vez se determinó que Carlos Alberto Salvatore, en su carácter de jefe, organizaba y conformaba distintas sociedades comerciales en las que sumaba a Silvia Valles Paradiso, Santiago Valles Ferrer en una primera etapa y posteriormente a Ricardo Gassan Saba, y sin que se descarten otros posibles integrantes que pudieran quedar a la luz en el devenir de la instrucción.
Si bien el Ministerio Público Fiscal aseguró que apelará la sentencia ante la Cámara Nacional de Casación Penal, los defensores de los imputados, por el lavado de activos, esperan que en poco tiempo más la cámara también resuelva favorablemente los pedidos de excarcelación.
Esta sentencia sorprendió al Ministerio Público Fiscal que el jueves 20/08 expondrá los alegatos contra los 5 imputados de traficar, en los primeros meses de 2012, más de 1 tonelada de droga oculta en bolsas de carbón vegetal.
La jueza Niremperger fue notificada el martes 18/08 de esta decisión que quedará firme si no prospera una posible apelación de la PROCELAC (que promovió la acusación de Salvatore) y si tampoco se opone la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal que, llegado el caso, deberá sortear al nuevo magistrado de la causa.
Esta magistrada dispuso la prisión preventiva por asociación ilícita a la esposa de Salvadore, Silvia Susana Valles Paradiso (49); a su suegro, Santiago Valles Ferrer (72); al empresario Ricardo Gassan Saba (55); al abogado, docente y ex funcionario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mariano Jesús Castellucci (38); y la martillera pública Carla Yanina Salvatore D'Ursi (32), hija del principal imputado, aunque estos dos últimos fueron posteriormente excarcelados.
Salvatore fue quien dijo, según una escucha telefónica de un diálogo suyo con su mujer también investigada, que iba a matar a la jueza Niremperger.
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