Esta mañana (1/03), el juez federal Ariel Lijo llamó a indagatoria a cuatro empresarios y tres ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández en la causa en la que se investiga el supuesto delito de lavado de dinero en los aportes para la campaña del Frente para la Victoria en 2007.
Los ex funcionarios investigados y que tenían pedido de indagatoria son Héctor Capaccioli (recaudador de la campaña de Cristina-Cobos y superintendente de servicio de salud de la Nación), Sebastián Gramajo y Hernán Díaz, ambos tesoreros de la campaña.
Por su parte, los empresarios citados son: Carlos Torres y Néstor Lorenzo (por Multipharma); Gabriel Brito (Global Pharmacy) y Sollange Bellone, la esposa de Sebastián Forza , quien fuera asesinado en el triple crimen de General Rodríguez.
En declaraciones a Radio Nacional, Lijo explicó que “el dinero era ilegal, porque no estaba declarado".
Luego, explicó la operatoria: “Las empresas depositaban dinero a la campaña a través de un depósito en efectivo, algo que impedía investigar de dónde provenía el dinero. El origen del monto puede ser ilegal, debido a que era demasiado elevado por el tamaño de la empresa”.
El juez añadió que el origen del dinero puede ser la ruta de la efedrina, aunque no lo confirmó. “Los funcionarios debían chequear el origen de fondos, porque es la obligación que imponen las normas antilavado de dinero”, agregó Lijo.
"Es una investigación muy complicada. Estamos investigando a empresas que no pudieron justificar los fondos que aportaron para la campaña electoral de 2007 y no tenían capacidad para afrontar los pagos", amplió el magistrado.
"Entregaban un aporte por el que recibían una factura y en el banco se cubría el depósito con dinero en efectivo, por caja. Así es imposible establecer los orígenes y las firmas no pueden establecer el origen de los depósitos", detalló el juez sobre la operatoria.
"No existía similitud con los parámetros de dinero que manejaban las empresas aportantes a la campaña de Cristina y Cobos. No existió ningún registro contable de los aportes de campaña", agregó Lijo.
Y aseguró: "Está claro que el origen del dinero es ilegal".
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