La Policía Federal brasileña dijo que lanzó una operación anticorrupción con 33 órdenes de allanamiento y 11 de detención en distintas ciudades, entre la que se incluyen dos en Sao Bernardo do Campo, el lugar de origen del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Medios locales informaron que Lula había sido trasladado a dependencias policiales para ser interrogado sobre en el caso de corrupción que afecta a la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA.
La Policía Federal ejecuta la fase 24 de la Operación Lava Jato, que incluye acciones en domicilios del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Sao Bernardo do Campo, y de su hijo Fábio Luíz Lula da Silva, conocido como Lulinha, en el barrio de Moema, Sao Paulo.
Agentes policiales también fueron desplegados en la sede del Instituto Lula, en el barrio de Ipiranga, zona sur de la ciudad de Sao Paulo, y en empresas alcanzadas por el Lava Jato.
Órdenes judiciales son cumplidas en las localidades de Atibaia y Guarujá, donde se localizan propiedades adjudicadas a Lula, que el ex presidente ha negado reiteradamente que sean de su propiedad.
Lula está siendo conducido a prestar declaración. También es blanco de la operación Paulo Okamotto, presidente del Instituto Lula. La operación fue bautizada “Aletheia”, en referencia a la expresión griega que significa en "búsqueda de la verdad".
En total, unos 200 agentes federales y 30 auditores fiscales cumplen 44 órdenes judiciales, que incluyen incautaciones y obligación para declarar en Rio de Janeiro, Sao Paulo y Bahia.
Los policías llegaron al edificio donde vive Lula en Sao Bernardo do Campo a las 6 de la mañana. También participan del operativo inspectores de la Receita Federal, el ente impositivo de Brasil. Legisladores "lulistas" se dirigen a la sede de la Policía Federal en Sao Paulo donde Lula debe declarar para expresar solidaridad con ex mandatario.
El diputado Carlos Zarattini, del Partido de los Trabajadores (PT), dijo que Lula estaba siendo víctima de "persecución política". Este jueves (303/03), en la ceremonia de toma de posesión de los ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva; de la Abogacía General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo y de la Controladuría General de la Unión (CGU), Luiz Navarro de Brito, la presidente brasilera Dilma Rousseff hizo críticas indirectas a irregularidades en la Operación Lava Jato, citando las filtraciones de declaraciones que están bajo secreto sumarial a los medios de comunicación.
"El principio de presunción de inocencia vale para todos, no puede ser sustituido por la culpa antes de la condena. Ni tampoco dar lugar para la execración pública".
Ella agregó: "Queremos que los responsables por los actos ilícitos paguen por sus crímenes, pero que las empresas sigan existiendo, generando renta y empleos en Brasil. Penalizar a responsables no significa destruir empresas".
En tanto, el senador Delcídio Amaral dijo en un comunicado que no confirmaba el contenido del reportaje publicado por el semanario IstoÉ con denuncias sobre un supuesto acuerdo de delación firmado por él en el ámbito del Lava Jato, que investiga una red de corrupción en Petrobras.
Según IstoÉ, el senador Amaral acusaba a Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva de interferir en las decisiones judiciales que condenaron a importantes empresarios en la causa del Lava Jato.
Según el comunicado, el senador no fue contactado por el periodista que firma el reportaje y dice desconocer los documentos publicados: "No conocemos el origen, tampoco reconocemos la autenticidad de los documentos a los que se refiere el texto".
"En ningún momento, ni antes ni después del reportaje, fuimos contactados por la referida periodista para que nos manifestáramos sobre si eran fidedignos los hechos relatados", dice Amaral.
El comunicado fue firmado por el senador y por el abogado Antonio Augusto Figueiredo Basto, a cargo de su defensa.
En tanto, la presidenta Dilma Rousseff, a través de una nota divulgada por el Palacio del Planalto, expresó su repudio "al uso abusivo de filtraciones como arma política" e indicó que es necesario investigar la divulgación de parte del contenido de la delación premiada de Amaral, una práctica que para la mandataria "no contribuye a la estabilidad del país".
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