Las últimas novedades arrojan sospechas sobre que el mundo de los espías oficiales está tomando súbita preponderancia dentro del gobierno que comanda el presidente Mauricio Macri.
La semana pasada desde el oficialismo admitieron que había "un idea" en discusión para devolverle a la exSIDE, en su nueva encarnación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el control de las escuchas telefónicas que, tras un paso por la Procuración General, ahora quedó bajo la custodia de la Corte Suprema.
Aunque su presidente, Ricardo Lorenzetti, aclaró que delegó ese cuidado en los jueces federales, porque las escuchas, dijo, "no es nuestro tema". No obstante, tal como informó Urgente24, Lorenzetti pidió que las "pinchaduras", como se conocen en la jerga a las intervenciones de comunicaciones telefónicas, permanezcan bajo la órbita del Poder Judicial y que no vuelvan a manos de los espías.
El Gobierno no tiene una decisión aún en cuanto a la devolución de las escuchas. Pero avanzó en otros senderos para el fortalecimiento del aparato de Inteligencia.
A principios de mayo, mediante el decreto 656 firmado por Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, se dispuso que todo el presupuesto destinado a la Inteligencia revista carácter de secreto. De esa forma, se dio marcha atrás con el acceso público a parte de esos gastos, dictado por otro decreto, el 1311 firmado por Cristina Fernández en julio de 2015.
La modificación formó parte de una reforma respecto del estatuto del personal de los servicios de Inteligencia, por la presunta existencia de una "superposición de cargos, funciones y responsabilidades" que hacían necesaria su modificación para instrumentar "mecanismos que permitan agilizar las instancias administrativas de gestión".
En cuanto a los gastos, $1450 millones presupuestados para 2016, el nuevo instrumento despierta sospechas y acusaciones de discrecionalidad en la asignación de recursos, algo que fue moneda corriente de la exSIDE durante muchos años.
Allegados a la conducción de la AFI, encabezadas por el amigo presidencial Gustavo Arribas y por la exdiputada del PRO Silvia Majdalani, defendieron la medida argumentando que el decreto 1311/15 había "desnaturalizado" la ley de inteligencia, dado que había establecido la publicidad de determinados gastos vinculados a la actividad propia de la AFI, "que no es otra que la de inteligencia la que, por disposición de la ley, es clasificada".
Agregaron, en declaraciones al diario La Nación, que "en relación con la ejecución presupuestaria, se creaba una incógnita respecto de los organismos que debían ejercer su control cuando la ley es clara al asignarle exclusiva incumbencia a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia".
Aseguraron además que "se está trabajando en el establecimiento de un procedimiento para la adecuada rendición de los gastos reservados y conservación de su documentación respaldatoria".
Pero desde la ONG Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) sostienen que se trata de una decisión infundada, ya que " no existen motivos que avalen el régimen del secreto en aspectos como el organigrama o la estructura orgánica y funcional y en aspectos críticos en materia de rendición de cuentas como ser la administración de fondos".
"Reclamamos al Presidente que revea la decisión y al Congreso que exija que se mantengan los estándares de publicidad de los actos de gobierno que se habían alcanzado", advirtió un documento de la ICSSI, integrada por la Asociación por los Derechos Civiles, Fundación Vía Libre Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia.
Entre otras noticias sobre el universo AFI se suma la de la incorporación de un polémico fiscal como presunto enlace entre el organismo y la justicia federal. Se trata del fiscal general Eduardo Miragaya, cuya última labor relevante fue en el fuero de la Seguridad Social.
De acuerdo a lo que publicó el diario La Nación, Miragaya asumió como "director de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI", que abarcaría al lavado de dinero. Pero en los hechos, según esa publicación, el fiscal general, que pidió licencia para ejercer su nuevo cargo, "ss señalado como interlocutor ante los jueces federales" de la AFI.
El dato es clave en un contexto en el que el Gobierno Nacional no tiene operadores de peso en Comodoro Py, luego de los sacudones que Daniel Angelici sufrió -con causa incluida- de parte de Elisa Carrió, aliada política de su amigo Mauricio Macri. Miragaya es un personaje controversial.
Según cuenta Hugo Alconada Mon en su artículo, el fiscal quedó vinculado a un caso de jubilaciones "truchas" de La Rioja.
Y antes cobró notoriedad como uno de los "operadores" judiciales dilectos del menemismo, "rol que, cuentan jueces y fiscales, retomó durante las últimas semanas". Miragaya lo niega.
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