El fiscal federal Federico Delgado imputó este miércoles (07/09) por supuesta defraudación contra la administración pública al ex director de la AFIP Ricardo Echegaray por una resolución que permitió a la empresa de cable Telecentro importar sin pagar aranceles aparatos receptores y decodificadores de señales de televisión.
Lo hizo mediante un requerimiento ante el juez Sebastián Casanello, a quien pidió investigar a Echegaray por el dictado de una resolución el 24 de agosto de 2010, a través de la cual se modificó la clasificación arancelaria que correspondía a cierta categoría de productos (aparatos receptores, decodificadores y descifradores de señales de televisión), lo que permitió eximir de tributar a la empresa Telecentro.
"Esa modificación ocasionó un considerable perjuicio patrimonial al Estado derivado de la no percepción de tributos y simultáneamente un significativo beneficio económico a la empresa Telecentro S.A. durante el período de vigencia de aquella resolución, entre el 31 de agosto de 2010 y el 3 de septiembre de ese año" y por la importación "de mercadería de ese tipo por un valor total en aduana de 846.663", dólares.
Pero el recorrido de esa exención había comenzado cuatro meses antes del dictado de la resolución por parte de la AFIP: en la causa, el organismo informó que en el período 2010 Telecentro ingresó al país decodificadores por un valor total de 1.086.355 dólares, que "por sus características le hubiere correspondido tributar una suma de 347.904 dólares".
"Por tales hechos se lo señala en forma directa a Echegaray –entre otros-, quien ante la negativa de los funcionarios aduaneros durante el año 2010 a la solicitud de Telecentro ante la DGA de autorización para importar decodificadores sin impuesto interno se interesó de manera personal en favorecer al peticionarte y emitió la RG en cuestión", señaló el fiscal. Echegaray enfrenta varias causas en la Justicia.
En la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero, está acusado de no haber controlado la facturación apócrifa de la que se valió el empresario K para beneficiar a su empresa, Austral Construcciones.
También está procesado por los delitos de "violación de secreto" y "falso testimonio" en una causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio por involucrar en 2014 al entonces diputado Alfonso Prat-Gay en un supuesto caso de evasión impositiva.
Otro de los frentes judiciales del exadministrador federal es la Causa Cicconne. En 2014, el fiscal Jorge Di Lello acusó a Echegaray de haber accedido a un pedido de Amado Boudou, entonces ministro de Economía, para otorgarle un plan de pagos excepcional a la eximprenta Ciccone de 148 cuotas -con un ínfimo interés- para pagar una deuda millonaria.
Además, a fines de junio fue citado a indagatoria por la deuda con el ente recaudador de $8.000 millones de la petrolera Oil Combustibles. El juez federal Julián Ercolini investiga la falta de pago del impuesto sobre los combustibles líquidos y el uso indebido de ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del Grupo Indalo
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