AFIRMÓ URGENTE24
"Meridian fue la empresa marítima que ganó la licitacion para prestar servicios remolcadores a barcos de GNL que contratata Enarsa. Esa compañía está muy vinculada a Omar Suárez, conocido como 'Caballo', uno de los sindicalistas del SOMU, que posiblemente puedan detener en los próximos días, y lo cual deja al Gobierno macrista en una real encrucijada.
Esa empresa era la que pagaba a Suárez el sueldo de todos los tripulantes que supuestamente embarcaban, como así también el de capitanes, maquinistas y otros a los que los extranjeros, dueños de los buques regasificadores no dejaban ni entrar al baño.
Ese dinero lo pagaba el Estado y terminaba por incrementar el costo del servicio de los regasificadores, por lo cual puede considerarse a la empresa, de los hermanos Samarín, ¿tan corruptos como aquel? ¿deberían ser también procesados? En efecto, la intervención del sindicato por parte de la Justicia Federal se justifica en gran parte por ello, porque involucra al Estado. (...)".
El fiscal federal Ramiro González requirió que se investigue por supuesto lavado de dinero al sindicalista Enrique Omar "Caballo" Suárez, que estuvo 27 años al frente del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, denunció que "el Caballo Suárez extorsionaba a las empresas (de navegación) para que paguen sobrecostos de entre 500% y 700% respecto de lo que vale en el mundo".
Según el funcionario, el gremialista realizaba un "entorpecimiento en la navegación", ya que "paraba los buques y los extorsionaba pidiéndole plata y ejercía una asociación ilícita", puesto que "le cobraban a empresas para operar y cobraban por tripulaciones que supuestamente estaban capacitándose y no se capacitaban".
Gladys González, diputada nacional PRO-Buenos Aires e interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, afirmó: “El fiscal creyó en el trabajo que venimos haciendo, soportando amenazas, presiones y un permanente accionar para obstruir la investigación. Esta nueva imputación contra Omar “Caballo” Suarez y las instrucciones que solicita el fiscal como medidas probatorias nos permitirán avanzar aún más sobre la falta de transparencia en el origen de los fondos que se usaron para crear diferentes sociedades, que tienen como titulares al propio Suárez, a familiares y miembros de su entorno."
Ella agregó: "Esta resolución del fiscal da peso a las nuevas pruebas que hemos aportado que dan cuenta de conductas sospechosas relacionadas con el delito de lavado de activos, como: las mismas personas ocupando cargos directivos en las diferentes empresas, los mismos domicilios para las diferentes empresas, la falta de solvencia económica de los accionistas de las empresas para adquirir esas acciones, facturas correlativas, movimientos de dinero inusuales de dichas empresas, operaciones que no tienen nada que ver con el objeto social de la empresa etc.
Todos actos contemplados en la resolución 121 de la UIF que nos alertan sobre la posible comisión del delito de lavado".
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