"Ayer presentaron los libros contables, después de otro papelón de la vicepresidenta. Estaban en lo del contador, dibujando a lo loco", expresó el diputado Rodolfo Tailhade, uno de los denunciantes contra Gabriela Michetti.
Recordemos que el juez Ariel Lijo dispuso el pasado miércoles (07/09) una orden de presentación en la sede de la Fundación SUMA, que preside la vicepresidente de la Nación, para obtener los libros contables de la misma, en la causa en la que se investiga el origen de los fondos que le fueron sustraídos en noviembre pasado de su casa.
Pero en la sede de la Fundación dijeron que esos libros no estaban allí si no que estaban en poder del contador, por lo cual se comprometieron a aportarlos en persona al día siguiente al juzgado.
Finalmente, ayer SUMA entregó a la justicia todos sus libros contables, en respuesta al pedido efectuado por el juez Lijo.
En diálogo con el programa radial A los botes (FutuRock FM), Tailhade sembró suspicacias respecto a este hecho, asegurando que estaban "dibujando a lo loco".
Además, dijo que "las fundaciones son pantallas para recaudar para la actividad política y personal" y las calificó de "truchas".
La causa la inició el fiscal Guillermo Marijuan y quedó en poder del juez Ariel Lijo, luego de la denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandié.
La actual vicepresidente sufrió un robo en su casa el pasado 22 de noviembre, el mismo día del balotaje presidencial, pero el caso recién se conoció meses después, a mediados de julio.
Según argumentó ella, la mayor parte de los 245.000 pesos robados eran donaciones para la cena anual que organiza su fundación (SUMA).
Y agregó que los 50.000 dólares que también desaparecieron "eran un préstamo" que le había solicitado a su pareja, Juan Tonelli, para pagarle una maestría a su hijo Lautaro Cura que, aclaró, "está en las declaraciones juradas" que presentó el año pasado.
Según la denuncia, la fundación “no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia”, que “recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida”, y que no hubo controles estatales. Todos estos datos están siendo chequeados por la justicia.
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