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| OCAMPO / ANGELICI |
La oposición porteña planteó sus dudas al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, durante la presentación en la Legislatura de los aspectos generales del proyecto de Ley Integral de Seguridad Pública, que busca crear la nueva Policía de la Ciudad, como fusión entre las policías Federal traspasada y Metropolitana.
Es el comienzo de un debate que el Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta busca no extender demasiado, ya que prevé tener más policías en la calle en 2017, de cara a las elecciones legislativas.
Durante un plenario de comisiones de Seguridad, Presupuesto y Justicia, Ocampo describió los puntos fuertes del plan integral de seguridad. En concreto, habló de la conformación de la nueva Policía, que tendrá 25 mil agentes entre los 19 mil de la Federal traspasados y los más de 6000 de la Metropolitana.
Pero también se refirió a otros aspectos de la Ley Integral de Seguridad Pública, como que el cuerpo de bomberos perderá rango policial y será un cuerpo civil no armado, que se creará una nueva Obra Social para el personal, que el Instituto Superior de Seguridad Pública tendrá rango universitario y formará a la seguridad privada, un nuevo sistema de monitoreo público y la integración de los agentes de tránsito al plan integral que impulsa el gobierno.
El titular de la cartera de Seguridad se detuvo en un punto que para él es clave, demostrar transparencia en la nueva fuerza porteña y terminar con el estigma de corrupción que arrastra la Policía Federal.
En este sentido, dejó en claro que "crearemos una oficina de transparencia y control externo que auditará las declaraciones juradas que el personal policial estará obligado a entregar. La misma no podrá ser integrada por policías".
Acto seguido, la oposición planteó sus cuestionamientos. La diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña expresó su descontento en cuanto "a que los funcionarios dieran a conocer los detalles de la ley primero al público y medios y luego a los legisladores".
También planteó dudas "respecto a la unificación de las policías y la creación de la obra social y cuánto le costará a los vecinos de la Ciudad. Esta no parece la mejor solución".
Además, hizo hincapié en "los pedidos de pase a las provincias de algunos efectivos de la Policía Federal que hace años es desatendido" y reclamó "la Comisión de seguimiento del traspaso a la Ciudad, que nunca se concretó".
Desde ECO, espacio que lidera Martín Lousteau, la diputada radical Natalia Fidel planteó que "en el presupuesto presentado, el costo estimado por el traspaso policial es de $560 mil por agente y lo que se presupuestó fue $30 mil millones; por ende, se podrían traspasar 30 mil agentes y no 20 mil. ¿A que se debe esa diferencia?".
El socialista Roy Cortina, de ECO, se refirió al mapa del delito y que "dedicarle sólo un artículo a este tema, en el cual además plantean que se presentará una vez al año solamente, es insuficiente".
El legislador Gabriel Fuks, del bloque Corriente Nacional de la Militancia, requirió si habrá "cambios sobre los adicionales, porque genera preocupación si desaparecen". También se refirió "al control de ascensos y promociones, que es de lo más complejo porque estas corporaciones policiales tienden a autoregularse".
En tanto, Paula Pennaca, camporista del Frente Para la Victoria, le objetó a Ocampo que "no está claro en el proyecto que actuación tendrá la policía sobre manifestaciones públicas, considerando que el ajuste actual produce conflictividad social, más en nuestro distrito. Tampoco hay un principio de legalidad en cuanto a las detenciones"; y destacó que "se incorpora como participación ciudadana lo mismo que establece en la ley 4007 -Foros de Segu ridad Pública (FOSEP)-, sancionada en 2008".
A su turno, José Cruz Campagnoli, también del bloque K pero de la parte sabbatellista, cuestionó "cómo se van a administrar los adicionales, que muchas veces corre por cuenta de los comisarios, que lo hacen en forma desproporcionadas".
Si bien el ministro Ocampo brindó respuestas generales a las consultas realizadas por los legisladores, el debate real estará en las comisiones. La idea del oficialismo es que el debate no se demore demasiado. De hecho, ya que sólo requieren 31 votos, desde el PRO estiman que la Legislatura sancionará la ley antes de fin de año, para arrancar el 2017 con la nueva Policía de la Ciudad en las calles.
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