Los fiscales que investigan las pedradas que recibió el presidente Mauricio Macri tras un acto en Mar del Plata dieron por "acreditado el estado de sospecha" y pidieron al juez de la causa la detención y llamado a declaración indagatoria de "del sujeto de sexo masculino que lanzara un objeto contundente hacia la posición del automóvil presidencial, poniendo en riesgo su seguridad".
Los fiscales advirtieron que está probado que "claramente un sujeto de sexo masculino de pelo corto oscuro y vestido con un buzo color azul con vivos blancos en el lado derecho, se agachó, tomó un elemento de porte compatible con una piedra del suelo y lo arrojó" hacia al auto que trasladaba a Macri, que "impactó sobre la puerta del lado del acompañante, a la altura del picaporte, provocando con ello un daño sobre el automóvil, a la vez que puso en peligro la seguridad del Señor Presidente de la Nación".
La resolución, publicada por Infobae.com, fue firmada por los fiscales Marcelo Molina, Alejandro Cantaro y Mónica Cuñarro y presentada ante el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López.
Por otro lado, también apuntaron contra las autoridades de la Policía Bonarense que tuvieron a cargo el operativo de la recorrida de la cual, además, participó la gobernadora provincial María Eugenia Vidal.
Así, pidieron que "se investigue los hechos por los que han incumplido los deberes y malversado caudales". En este sentido, se explica que para el operativo de seguridad "se libró una orden de servicio por un total de 231 efectivos y equipamiento y sólo había en en lugar un total de 80", por lo que los fiscales solicitaron "se investigue un fraude al erario local por medio de haber cobrado los servicios de efectivos, bienes y horas autorizados por la Superintendencia de Coordinación Operativa de la Policia de la Provincia de Buenos Aires a cargo del comisario general Nestor Omar Martín, los cuales no habrían sido efectivamente prestados el día 12 de agosto".
Para los fiscales, que consultaron información con el jefe de la Casa Militar, José Luis Yofre, y por Alejandro Cecati, jefe de la custodia presidencial, el operativo de seguridad fue "de descoordinación y descontrol".
Por último, criticaron la actuación del juez López, quien había denunciado un "plan sistemático de desestabilización" para entorpecer la investigación por parte de un grupo de fiscales. "Se hizo cargo (de la causa) con un absoluto desconocimiento del derecho" y "denostó a los fiscales, pidió su apartamiento y los denunció penalmente", fueron algunos de puntos que se extraen del documento.
"Esto implicó la pérdida de valiosísimo tiempo que debió haberse dedicado a la construcción de una mínima hipótesis criminal plausible y que hubo de reconstruirse con muchos días perdidos y gran esfuerzo y, hasta, con la conformación de esta "comisión ad hoc " quienes a pocos días lograron esclarecer el hecho", afirmaron los fiscales.
A pocos días de las ocurridas las agresiones, el magistrado Alfredo López avanzó con una denuncia penal contra los fiscales Laura Mazzaferri, Nicolás Czizik y Daniel Adler por "incumplimiento de deberes de funcionario público", al considerar que los funcionarios, supuestos integrantes de la agrupación Justicia Legítima, ponían trabas en la investigación del hecho.
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