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| Gráfico IDESA |
Los aumentos para senadores y diputados nacionales que llevó sus salarios hasta los $147.000 no podrían haberse conocido en peor momento, justo cuando el Indec reveló que la mitad de los trabajadores ocupados no llega a los $8.000, por debajo del salario mínimo legal y además se desempeñan en la informalidad.
En tanto, el promedio salarial nacional es de $10.771, y la línea de pobreza está marcada en los $12.489. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), sobre la base de los datos que presentó el organismo gubernamental presentó el siguiente informe donde desglosa la situación salarial del país: El sinceramiento de los datos del INDEC confirma que la desigualdad en la distribución personal de los ingresos es persistente. Las políticas tradicionales –como la reapertura de paritarias, el bono de fin de año o exenciones en el impuesto a las ganancias– no aportan solución ya que la mitad de los ocupados cobran menos del salario mínimo legal y se desempeñan en la informalidad.
La prioridad es crear un estatuto tributario y laboral especial para pequeños emprendimientos. En el marco del proceso de normalización, el INDEC dio a conocer datos sobre la distribución personal del ingreso referida a los grandes aglomerados urbanos que releva con la Encuesta Permanente de Hogares.
La revisión de las estadísticas confirma la permanencia de la desigual. En el 30% de los hogares de menores ingresos, habita el 42% de la población recibiendo sólo el 16% de los ingresos urbanos totales. En el otro extremo, en el 10% de los hogares de más altos ingresos, habita el 6% de la población recibiendo el 23% del total de los ingresos urbanos.
El fenómeno responde a múltiples factores. Uno, no trivial, es el tamaño de las familias. Mientras que en el 30% de los hogares de menores ingresos el tamaño familiar promedio es de 4,3 miembros por hogar, en el 10% de mayores ingresos es de apenas 1,9. Otro factor relevante es la capacidad de generación de ingresos laborales de sus miembros.
En este último sentido, el INDEC también publica la distribución de los ingresos según la ocupación laboral principal de los miembros de estos hogares. Según esta fuente, se observa que:
- El 50% de los ocupados obtiene en su ocupación principal remuneraciones inferiores a los $8.000 mensuales.
- El 30% que le sigue obtiene remuneraciones entre $8.000 y $15.000 mensuales.
- El 20% de mayores ingresos obtiene valores superiores a $15.000 mensuales.
Estos datos muestran las enormes brechas que se presentan en el mercado laboral. La mitad de los ocupados no alcanza a generar en su ocupación principal remuneraciones que lleguen al nuevo salario mínimo legal (recientemente fijado en $8.060).
Sólo un quinto de los ocupados tiene remuneraciones superiores a $15 mil, valor que es la mediana de remuneraciones de los trabajadores asalariados registrados lo que evidencia que gran parte de la desigualdad en la distribución de los ingresos se genera en las diferencias de remuneraciones entre los trabajadores formales e informales.
La informalidad está fuertemente asociada a muy bajos niveles de productividad. A esto contribuye la insuficiente formación de la gente y un entorno que discrimina a los pequeños emprendimientos.
Para las empresas más chicas es difícil acceder al financiamiento productivo, sufren más intensamente las deficiencias de la infraestructura y tienen menos medios para lidiar con regulaciones complejas y burocráticas.
Aquí se destaca la alta carga financiera y administrativa derivada de la superposición de impuestos que golpea peor a las empresas más chicas. Un fenómeno análogo ocurre con la legislación laboral y los convenio colectivos.
El resultado es que sólo las empresas grandes y modernas operan en la formalidad. El resto, por tener niveles de productividad bajos, usan el incumplimiento de las normas como principal estrategia de sobrevivencia.
Ante esta realidad, es baja la eficacia de las políticas que priorizan los controles, como la policía del trabajo. También es mezquino el impacto de las tradicionales negociaciones entre el Estado nacional, los grandes empleadores y los sindicatos centralizados.
Al quedar excluidos los trabajadores informales y los pequeños emprendimientos, naturalmente sólo se generan beneficios para la elite formal.
Testimonio de ello son las propuestas de reapertura de paritarias, bonos de fin de año y exenciones del impuesto a las ganancias que benefician sólo a los trabajadores de más altos salarios.
La nueva Ley Pyme es un avance, pero para empresas de cierto porte, que no es donde se concentra la informalidad masiva.
En igual sentido, el proyecto de ley de Primer Empleo –que sería muy positivo que el Congreso lo aprobara– también va en el sentido correcto, aunque limitado a empresas con cierta capacidad administrativa.
Para aspirar a un proceso de formalización masiva se requiere mucha más innovación y audacia. Aquí aparece como el instrumento más apropiado un estatuto especial para micro-empleadores que los excluya de las normas tributarias y laborales generales.
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