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| Nicolás DUJOVNE |
Un decreto en La Pampa con fecha del 13 de enero desató esta semana una polémica a nivel nacional. En el 'Boletín Oficial' de la provincia, el gobernador Carlos Verna oficializó la iniciativa de eximir a todos empleados públicos de pagar el impuesto a las Ganancias.
En plenas negociaciones salariales, Verna decidió aplicar el mismo beneficio al Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia que el Tribunal Superior de La Pampa había concedido a sus empleados, modificando así con un decreto provincial una ley del Congreso de la Nación.
Ante esta situación, el ministerio de Hacienda, con Nicolás Dujovne al frente, aseguró que se presentará ante la Corte Suprema para pedir la nulidad del decreto.
El Gobierno nacional especificó que el decreto invoca el principio de igualdad para equiparar empleados estatales del ejecutivo y legislativo con el judicial, que además avanza sobre competencias del Congreso Nacional y que afecta a la coparticipación nacional y en consecuencia, a los recursos nacionales y del resto de las provincias, con lo cual afecta directamente a la recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Otro de los argumentos del Gobierno es que "expone a la provincia a una contingencia judicial futura". Más allá de pedir la nulidad del decreto, el Gobierno requerirá una medida cautelar para que la provincia siga reteniendo el impuesto a las Ganancias.
El Gobierno busca poner un freno antes de que la medida se replique en otras provincias. Según el decreto, los estatales no deberán pagar el tributo a ciertos conceptos remunerativos que integran el salario de la administración pública pampeana: dedicación especial, responsabilidad funcional, antigüedad y reintegro de gastos proporcionales a los primeros conceptos, que representaría una porción significativa de la remuneración y beneficiaría a los funcionarios de más alto rango.
Según informa el sitio 'Infobae' de fuentes de Hacienda, los argumentos del decreto serían "varios y confusos".
Cita una acordada de la Corte Suprema de 1996 y una ley nacional que derogó todo tipo de tratamientos especiales, lo cual para el Gobierno resulta "paradójico". Con todo, el decreto buscó seguir el camino de los jueces que se auto excluyeron de pagar este gravamen, y luego se extendió dicho privilegio a los empleados del poder Judicial,
El decreto 5.165 -es de 2016, pero fue promulgado este año- ordena entonces otorgarles a los empleados tanto del poder ejecutivo como del legislativo el mismo tratamiento.
La Corte Suprema había extendido a sus empleados del Poder Judicial de la Nación el no pago del impuesto a las Ganancias, y los tribunales superiores de provincias y los empleados judiciales siguieron la misma línea.
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