(U24) - Bayer logró ayer la aprobación de las autoridades regulatorias de USA para su compra pendiente de la gigante Monsanto, bajo la condición de que venda cerca de US$ 9000 millones en activos, según el Departamento de Justicia, despejando así el mayor obstáculo para la transacción.
La desinversión que exigen debe "alinearse estrechamente" con las ventas de activos que pide la Unión Europea, de acuerdo a una fuente cercana al compromiso entre Bayer y el Gobierno de Washington.
Afirman que es la "mayor desinversión exigida por USA". En tanto, Bayer accedió a desprenderse de la totalidad de sus negocios de semillas de algodón, canola, soja y otras unidades agrícolas y digitales de la industria, además de su herbicida Liberty, que compite con la marca Roundup de Monsanto.
La integración de Monsanto en Bayer puede tener lugar tan pronto como se hayan realizado las desinversiones a su rival BASF. Y se espera que esto sea en aproximadamente dos meses. Bayer ya consiguió luz verde tanto en la Unión Europea, Brasil y Rusia. Además de USA, todavía necesita la aprobación de reguladores de Canadá y México.
"La recepción de la aprobación del Departamento de Justicia nos acerca a nuestro objetivo de crear una empresa líder en agricultura", dijo el CEO de Bayer, Werner Baumann.
"Queremos ayudar a los agricultores de todo el mundo a cultivar alimentos más nutritivos de una manera más sostenible". La preocupación local es por el reclamo del cobro de regalías por las innovaciones en la ingeniería genética en semillas en el país, que Bayer anticipó el año pasado que no sería más flexible que Monsanto.
Así lo expresó en 2017 el jefe de Operaciones Comerciales de Bayer Crop Science, Marc Reichardt, durante un encuentro con la prensa de América latina en un evento de la compañía en Alemania.
"Me han preguntado en la Argentina si nosotros vamos a ser más flexibles (que Monsanto). La pregunta está mal hecha, la pregunta que se tienen que hacer los productores y la sociedad es si van estar dispuestos o no a seguir en el camino de la innovación y del desarrollo", dijo, según un artículo publicado por el diario 'La Nación' el último septiembre.
Reichardt conoce lo que ocurre en la Argentina, puesto que presidió la división agrícola de Bayer entre 1999 y 2002 y luego tuvo las mismas responsabilidades en Brasil y el resto de América latina. "Estamos frente a un mundo que va a traer un montón de cambios en el manejo de la agricultura, en maquinaria y en todo lo que nos podamos imaginar. Si queremos aprovechar ese momento tenemos que desarrollar un marco regulatorio que permita florecer a una sociedad dentro de esa nueva realidad", señaló el ejecutivo.
El conflicto por la propiedad intelectual en soja y trigo no es nueva. La industria de semillas reclama una actualización de la ley de semillas, aprobada en 1973, cuando la biotecnología agrícola no se había desarrollado. La norma permite el uso gratuito de las semillas en las campañas posteriores a su uso. La mayor puja está en la soja, por supuesto.
El conflicto recrudeció cuando Monsanto introdujo en el país la soja Intacta, que le agrega a la resistencia al glifosato el control de insectos, y puso en marcha un sistema de control de grano que provocó el rechazo de las entidades rurales y la desaprobación del Ministerio de Agroindustria, que argumentó que así ocupaba el papel del Estado.
Tras esa oposición, la compañía norteamericana retiró del país el desarrollo de otra soja resistente al herbicida dicamba (X-Tend). No obstante, Agroindustria comenzó a restringir el uso gratuito de semillas con la obligación a los productores de informar sobre el uso. Al mismo tiempo, envió al Congreso un proyecto de nueva ley de semillas que apenas comenzó a ser discutido en la Comisión de Agricultura de la Cámara baja.
"Tenemos que hablar sin tapujos con los productores para que digan ellos cuánto están dispuestos a pagar por la tecnología", dijo Reichardt. "Respetamos las decisiones de cualquier gobierno o colectivo social, pero nosotros también consideraremos si nos conviene vender en un país una tecnología por la que no tenemos retorno", añadió el ejecutivo.
Según sus estimaciones, desarrollar un producto biotecnológico en semillas o un nuevo product o agroquímico lleva alrededor de diez años y una inversión aproximada de 100 millones de euros.
"Una compañía como Bayer invierte el 12% de sus ventas en investigación y desarrollo; es entendible que quiera tener un retorno a la inversión", señaló. Cabe preguntarse cómo continuaría esta historia, en suspenso.
El ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, afirmó que en 2017 se sancionaría una nueva. Hace unos días, el actual titular de la cartera agroindustrial, Luis Miguel Etchevehere, comentó que el proyecto saldría en este período legislativo del Congreso. Pero la Ley de Semillas es aún una asignatura pendiente...
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