(TN) - En la etapa final del juicio por irregularidades en la compra de la ex Ciccone Calcográfica, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la pena de seis años de cárcel para el exvicepresidente K Amado Boudou, que está acusado de cohecho y negociaciones incompatibles.
El organismo antilavado, que es querellante en el proceso, reclamó además cinco años y ocho meses de prisión para el socio y amigo de Boudou, el empresario José María Núñez Carmona, y un año para el abogado Alejandro Vandenbroele, expresidente de The Old Fund (la sociedad que controlaba a la calcográfica).
Por otra parte pidió cinco años y ocho meses para Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa, y tres para el exjefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner y para el exjefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri.
El organismo reclamó además que en caso de que los acusados sean condenados no se espere a que el fallo sea confirmado por la Cámara de Casación, sino que las detenciones se dispongan de manera inmediata.
El veredicto se prevé para mediados de julio, ya sea una semana antes del comienzo de la feria judicial o bien al finalizar la misma, luego de un receso de 15 días. Los pedidos se conocen en el alegato del juicio, al día siguiente que la Oficina Anticorrupción pidiera una pena de cinco años y seis meses de prisión para Boudou, cinco para Núñez Carmona, un año y seis meses para Vandenbroele, tres años y ocho meses para Ciccone, tres años para Resnick Brenner y dos años y cuatro meses para Forcieri.
Entre sus principales planteos, el organismo a cargo de Mariano Federici argumentó que el Estado durante el kirchnerismo buscó dar un "marco de impunidad" al caso y que el exvicepresidente, junto a Núñez Carmona "se interesaron en el negocio" para que la imprenta terminara siendo contratada por Gobierno durante el kirchnerismo.
De esta manera acusaron a Boudou de "estar al tanto de todo lo que se hizo, usar su cargo para ello y torcer el destino de Ciccone en función de sus intereses".
El alegato estuvo a cargo de los abogados Agustín Biancardi, Facundo Orazi y Mariela Cimolai, que argumentaron los acusados integraron "una organización formada entre funcionarios públicos y privados".
Los representantes legales del organismo afirmaron que el objetivo de los juzgados no fue otro que "convertirse en proveedores del Estado Nacional" para la impresión de billetes. Recordaron que hubo un proceso inicial en el que intervino la AFIP para lograr levantar la quiebra de la empresa, lo que permitió luego la compra por parte de The Old Fund, de la mano de Vandenbroele.
Ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) indicaron que los acusados usaron "todos los resortes del Estado", desde el Ministerio de Economía hasta la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), durante el kirchnerismo, para que el Estado terminara contratando los servicios de la calcográfica.
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