Por LUIS ALEJANDRO RIZZI - Abogado especializado en Derecho Comercio, con experiencia en la gestión del aerocomercio.
(U24) - Hace un tiempo leí un artículo publicado en “El Cronista” que decía con relación al gasto público primario que poco más del 50% se gasta en la producción de bienes públicos que benefician a toda la población y un poco menos del 50% se gasta en jubilaciones, planes sociales y subsidios que benefician a quienes los reciben. Una suerte de arbitraria redistribución del ingreso.
A ello debemos agregar que los trabajadores registrados orillan los 12 millones de personas que seriamos los que como principio pagamos cargas sociales, impuestos directos más los indirectos aunque estos últimos los pagan todos los consumidores, incluidos los “informales”.
Este nivel del gasto explica que la presión fiscal llegue casi al 31% del PBI. Tengamos en cuenta que desde 1998 al 2016 la presión fiscal subió 12 puntos. Se estima que los trabajadores informales oscilan en alrededor de 5 millones de personas lo que significa que cada dos personas y media registradas, una no lo es.
La economía informal, no totalmente ilegal ya que los trabajadores informales se ganan su salario honestamente, se estima en un 30% y la pobreza e indigencia se ubica también en ese mismo porcentaje. Si bien los índices oficiales la ubican en poco más del 25%, esa medición se refiere más bien a nivel de ingresos, pero consecuencia de la última devaluación ese índice seguramente aumentará.
De todos modos creo que la pobreza es una situación de un gran sector de la población que carece de los servicios mínimos para vivir en situación de dignidad aunque estadísticamente sus ingresos superen los pisos respectivos.
Días pasados escuchaba al Dr. Facundo Manes que explicaba como los problemas de nutrición, consecuencia del nivel de pobreza o indigencia, afectan el desarrollo cerebral y las personas ven disminuidas sus capacidades de modo irreversible.
Si a ello agregamos que sólo egresan de los estudios secundarios un 40% y de ese total un 20% no tiene capacidad para entender textos, vemos como la pobreza excede largamente la cuestión del ingreso y se prolonga en el tiempo más allá de la variación del ingreso.
Con este ejemplo y la referencia inicial podemos estimar el tremendo costo de la pobreza en la Argentina. No me refiero solo al costo económico que mostraría que casi la mitad de los recursos del estado se destinan a un sector específico de la sociedad, aunque se debe aclarar que en el caso de los subsidios son generalmente dirigidos a la oferta también benefician a sectores pudientes, lo que no deja de ser un despilfarro inadmisible e injustificable.
No podemos dejar de tener en cuenta que alrededor del 65% de los jubilados perciben un beneficio previsional inferior al salario mínimo vital, lo que parecería ser una grosera injusticia. Estos vicios aun no han sido subsanados. Si miramos esta grave cuestión desde un punto de vista económico vemos además que los recursos destinados para paliar esa situación de pobreza están mal administrados ya que no se imponen condiciones para su percepción y en los casos que las hay, el control se muy “soft”.
De ese modo lo loable que podría tener la “ayuda social” se convierte en un incentivo para mantenerse en esa situación de aparente “comodidad” circunstancial. El subsidio dirigido a quien no lo necesita, tal como ocurre con los subsidios a la oferta constituye asimismo otro incentivo para facilitar consumos que no resultan indispensables o el derroche como ocurre, por ejemplo, con el uso del gas y la electricidad.
En una palabra, el subsidio dirigido indiscriminadamente a la oferta agrava la grieta en la relación de precios del sistema económico. Otro ejemplo la sobrevaluación de nuestra inexistente moneda subsidió en mas de US$ 10.000 millones el gasto en importación de servicios turísticos, lo que no deja de ser un derroche injustificable teniendo en cuenta nuestra situación economía con un déficit total del 7% del PBI en números redondos.
Lo más grave es que se benefició a un sector social de mayores ingresos. Es obvio que la pobreza tiene un alto costo también medido en lo que llamaría capacidad intelectual poblacional ya que atrofia no sólo el desarrollo cerebral que constituye un bien natural del ser humano que tiene que ver con la inteligencia sino que afecta su salud y su vigor entendiendo esta expresión en su sentido más amplio posible. Un 30% de la población probablemente se encuentra expuesta a estas desventajas naturales.
En definitiva, siguiendo de algún modo a John Rawls, estamos alterando el escenario natural de la igualdad de oportunidades ya que estamos generando personas con menores capacidades en un mundo que afinará la competitividad en la inteligencia de los seres humanos, es decir en desarrollar y potenciar sus bienes naturales.
Vemos que la pobreza tiene un costo económico que exige el uso de cuantiosos recursos que deberían tener otro destino que acreditan los malos resultados de la política de los últimos años, el perverso negocio del clientelismo y la hipocresía y cinismo de los políticos enfermos de populismo y de mezquindad.
Parecería que para el gobierno la pobreza es más una cuestión de ingresos que una situación de indignidad y de privación de bienes naturales como hemos explicado, por eso no se percibe por parte de la sociedad su declamada sensibilidad social.
Justo en este momento el Congreso de la Nación podría sancionar una ley absolutamente ilegitima que retrotrae de modo absoluto el valor tarifario de la energía a valores anteriores sin tener en cuenta su costo ni su impacto negativo en las finanzas del estado y lo más grave que pese a lo que serian tarifas abusivas, el consumo de electricidad se incrementó en el mes de abril.
La experiencia nos dice, según Juan Carlos De Pablo, que en 2003 el país exportó energía por valor de US$ 5.192 millones e importó por US$ 545 millones, en 2014 el resultado se invirtió y exportamos por US$ 4.600 millones e importamos por US$ 10.904 millones.
Esto ocurrió como consecuencia de la disparatada política tarifaria aplicada a partir de la crisis del 2001/2002 a la que nuestros legisladores pretenden regresar. Una vez más desaprensivos políticos en nombre de la política pretenden hacernos retroceder como en el Juego de la OCA.
Lo lamentable es que ese retroceso no se mide en casilleros sino en millones de pesos. En fin, tal como vemos, la pobreza también puede ser un “botín” electoral. Una de las acepciones de la palabra “botín” dice “Beneficio que se obtiene de un robo, atraco o estafa”.
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