(U24) - Ante el anunciado tratamiento en el recinto de la Cámara de Senadores del proyecto de ley para la regulación de las escuchas, presentado por el senador nacional Rodolfo Urtubey, con apoyo del oficialismo y dictamen favorable de comisión, resulta necesario considerar el trágico pasado y presente del sistema de inteligencia argentino.
Desde el retorno de la democracia en 1983, y más allá de sus diversos momentos institucionales, los organismos de inteligencia han mantenido ciertas características: la opacidad, la falta de control adecuado tanto por parte del Poder Legislativo como del Poder Judicial, falta de rendición de cuentas, la distorsión de sus funciones institucionales en pos de variados intereses político partidarios, la vulneración de derechos de ciudadanos en general y políticos, activistas y periodistas en particular, y el permanente y silencioso socavamiento que esto genera en las instituciones, proceso y sistema democrático de nuestro país.
El proyecto de ley en cuestión pretende subsanar graves irregularidades producidas en los últimos meses, vinculadas a numerosas filtraciones de escuchas realizadas a relevantes figuras del escenario político local.
Ahora bien, lo que no puede perderse de vista es que este proyecto de ley es un eslabón más en la larga cadena de cuestionables paliativos propuestos para mitigar las falencias mencionadas, por lo general de carácter reactivo ante indisimulables escándalos generados por el sistema de inteligencia; pero sin que se haya propuesto hasta el momento una solución integral, seria y democrática.
El proyecto de ley contiene falencias que han sido destacadas por la Iniciativa Ci udadana para el Control de los Sistemas de Inteligencia (ICCSI), ya que lejos de resolver los problemas existentes, los agrava. Asimismo, el proyecto pretende contener la crisis del sistema de inteligencia que se está produciendo en el ámbito de la Corte Suprema, que ha asumido el monopolio de la producción de escuchas e interceptaciones en una de sus oficinas (la DAJuDeCO).
Se han tornado notorias las deficiencias y complicidades -como bien lo destaca la ICCSI- que llevan a cuestionar la legalidad y eficacia de su desempeño. Ejemplo de ello es la constante filtración ilegal de escuchas y la incapacidad de la Corte y la DAJuDeCo para prevenirlo.
No podemos olvidar que la misma transferencia del monopolio de escuchas a la Corte por parte del Ejecutivo estuvo a su vez signada por una serie de irregularidades, que fueron oportunamente señaladas por la ICCSI y desarrolladas en un relevamiento realizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Como parte del repaso de los diferentes hitos que permiten ilustrar la historia de parches -o paliativos- referidos más arriba, debemos mencionar la vuelta al oscurantismo que implicó el decreto 656/2016, que derogó en casi su totalidad al Decreto 1311/2015, que pretendía instaurar una nueva doctrina de inteligencia nacional.
Sin dejar de lado, claro está, que el Decreto 1.311/2015, a pesar de sus avances, venía a reglamentar la Ley 27.126 de Inteligencia Nacional. Esta ley fue una apresurada e inconsulta reacción al escándalo generado por el grave conflicto interno dentro de la entonces Secretaría de Inteligencia, contemporáneo al aún más grave suceso del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman.
Las deficiencias en la promulgación de esta ley fueron puestas de resalto oportunamente por varias organizaciones de la sociedad civil. Anterior a esto, y como corolario de esta breve reseña, solo mencionaremos el informe elaborado por ADC, titulado el “(des)control democrático de los organismos de inteligencia en Argentina”, que daba cuenta ya por enero de 2015 de los intentos fracasados por controlar de modo eficiente el lado más oscuro y opaco del Estado.
La sucinta descripción de alguno de los hitos de esta saga de cuestionables acciones paliativas tiene como finalidad advertir que el proyecto de ley para la regulación de las escuchas, tal y como se propone ser tratado en el recinto -aparentemente en los próximos días- lejos de ser una solución sólida, efectiva y legítima, por el contrario, viene a convalidar las deficiencias de un sistema que sigue reflejando uno de los peores aspectos de nuestro país.
Esperamos que los legisladores eviten este avance, y de una vez por todas se propongan la conformación de una verdadera voluntad política capaz de dar a la Argentina servicios de inteligencia profesionales, bajo el control de los tres poderes del Estado y estrictamente limitados en su accionar a las necesidades reales de la defensa nacional y la seguridad de la Nación.
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