(U24) - El pacto entre el Gobierno Nacional con las principales petroleras del país para congelar el precio de los combustibles por el impacto inflacionario que acarrea, acaba de crujir y, según advierten en el sector, no tiene mucho futuro.
Mientras algunos medios replicaron un simple rumor sobre la suspensión de un impuestazo, producto de la reforma tributaria última, el organismo recaudador siguió firme con su comunicado publicado en la web: "La Administración Federal de Ingresos Públicos precisa que el cambio en el impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que regirá desde mañana (1/06) deriva de la reforma tributaria aprobada por el Congreso a fines del año pasado.
En dicha reforma (ley 27430) se dispuso el siguiente cambio: se estableció actualizar en forma trimestral los montos fijos del impuesto sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.
Hasta esta reforma, el impuesto se calculaba en base a un porcentaje sobre el precio de venta de los combustibles. Con este cambio en la metodología de cálculo se evitó que el aumento en el precio de los combustibles sea mayor, dado que el impuesto no aumentó a la par del incremento registrado en los últimos meses en el valor final del producto.
A partir del cambio legislativo, se calcula en base a un valor fijo, estipulado por la norma, que se actualiza por el IPC". De esta manera, se confirma el roce entre la AFIP y el Ministerio de Energía, sumado al tenso momento que se vivió ayer en la reunión en la cartera de Juan José Aranguren para suspender el impuestazo, provocando la renuncia de su subsecretario de Coordinación Administrativa Marcelo Blanco.
Es que Aranguren convocó para la tarde de ayer a los presidentes de las principales petroleras del país, quienes rápidamente fueron directo a los bifes: el petróleo sigue aumentando en el mundo y a ellos les congelan su rentabilidad por un problema interno que no logran desactivar (inflación).
Pero no se trata sólo de exportar sino además de que corre serio riesgo el abastecimiento en el mercado interno si no logran ponerse de acuerdo y los empresarios deciden salir a la cancha internacional.
El problema es que el Ejecutivo Nacional no está en condiciones de compensar vía subsidios el precio internacional durante 60 días. La fuerte devaluación del peso frente al dólar y la escalada del precio internacional del crudo por encima de los 75 dólares hicieron estallar el pacto. Según el portal especializado EcoJournal, la petrolera Shella, que compite con Axion Energy por el segundo lugar en el mercado de combustibles, ofreció pagar entre 60 y 65 dólares por cada barril de crudo que compra en el país.
Es una cifra exigua a los ojo s de los productores, entre los que se destacan Pluspetrol, Chevron, la china Sinopec, Entre Lomas y CAPSA. Ese grupo de empresas no está dispuesta a aceptar el descuento de entre 10 y 15 dólares por barril que exigen los refinadores. La negociación entre las partes se agudizó en las últimas dos semanas pero sin un acuerdo a la vista.
Una vez internacionalizado el precio del petróleo argentino, los empresarios urgen por la autorización para exportar su oferta al mercado internacional. No es una cuestión menor. Si las petroleras empiezan a exportar su producción podría peligrar el abastecimiento de crudo —en especial, de petróleo de tipo liviano, el más demandado en el país— el mercado interno.
“Con en el Brent en 78 dólares no es viable vender el petróleo a 60 dólares en el mercado interno. Salvo que el gobierno impulse un acuerdo de toda la industria, es preferible exportar”, reconoció el gerente comercial de una petrolera con base en Neuquén a dicho portal.
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