POLÉMICA POR INDEMNIZACIONES A EX ERP POR MÁS DE $750 MIL

SOCIEDAD / BONADIO Y EL CASO SANTUCHO 

Marcos Osatinsky (FAR), Roberto Mario Santucho (PRT-ERP)
y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros) poco antes que partieran
hacia La Habana, Cuba, en 1972.

(U24) - Según relató el juez federal Claudio Bonadio el pasado 24 de mayo de 2018, se presentan ANA CRISTINA SANTUCHO, MARCELA EVA SANTUCHO y GABRIELA INÈS SANTUCHO, por medio de apoderado, e inician formal demanda por la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000) contra el ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, JORGE RAFAEL VIDELA, SANTIAGO OMAR RIVERO y FEDERICO VEERPLATSEN a fin de lograr un resarcimiento por los daños materiales, psicológicos y morales que le produjeran a las accionantes el secuestro, la práctica de torturas, tratos crueles y aberrantes y, el posterior homicidio y falta de entrega del cadáver de su padre, MARIO ROBERTO SANTUCHO. 


Aseguran que la demanda tiende a lograr una reparación material que de ninguna manera logrará disminuir el dolor de las accionantes pero que se inscribe en el concepto que establece el Código Civil para determinar los daños derivados de la comisión de delitos, más grave aún, cuando, como en el caso, se trata de delitos imprescriptibles, sancionados por la comunidad internacional e inscriptos en los casos que admiten jurisdicción universal (...).

(...) Relatan que el 19 de junio de 1976, un “Grupo de Tareas” integrado por militares y policías y dirigido por el Capitán Juan Carlos Lonetti, irrumpió, violentamente, en un departamento ubicado en la calle Venezuela 3100 de la localidad de Villa Martelli, Florida, Partido de Vicente López. Allí se encontraba el padre de las actoras junto a su compañera, Liliana Delfino, Benito Urteaga y su hijo de tres años, Domingo Menna y su esposa, Ana Lanzilotto de Menna, embarazada de seis meses.

Afirman que un “comando” o “patota”, asesinó en el lugar a Urteaga, hirió a Mario Roberto y secuestró a los demás ocupantes del inmueble. Dicen que como se ha podido reconstruir en la Información Sumaria que tramitara en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo y Tributario con asiento en San Martín a cargo de la Dra. Martina Forns, fueron trasladados a la Unidad Militar de Campo de Mayo – cuya jefatura ejercía el genocida demandado SANTIAGO OMAR RIVERO - donde funcionaban varios campos de “detenidos desaparecidos” por los que aseguran, pasaron más de cinco mil (5.000) compatriotas.

Aseveran que, en Campo de Mayo, fueron sometidos a torturas, tratos crueles y aberrantes y que MARIO ROBERTO SANTUCHO llegó malherido, no recibió atención médica y, supuestamente, murió varios días después.

Agregan que, el demando ex Dictador JORGE RAFAEL VIDELA, reconoció ser el autor de un comunicado aparecido en los diarios el día siguiente en el cual se decía que habían “abatido” a la plana mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo y, en ese mismo documento, daban nombres que no habían estado en ese episodio.

Por lo tanto, II.- Haciendo lugar parcialmente a la demanda en cuanto a la pretensión de resarcimiento por el daño moral que le produjera a las accionantes la no entrega del cadáver de su padre. En consecuencia, condeno al Estado Nacional –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, a pagar a las aquí actoras la suma –que se fija al momento de esta sentencia- de $ 250.000 a cada una, con más los intereses hasta el efectivo pago.

De esta manera, vuelven las polémicas indemnizaciones a quienes integraron grupos revolucionarios, que luego fueron abatidos por las Fuerzas Armadas que dieron el golpe de Estado de 1976.

Mario Roberto Santucho (Santiago del Estero, 12 de agosto de 1936 - Villa Martelli, 19 de julio de 1976) fue un guerrillero marxista argentino. Fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandó la mayor guerrilla marxista (no peronista) de Argentina, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La Corte Suprema intentó ponerle un freno a este tipo de resarcimientos, pero ya se llevan pagadas casi 16.000 indemnizaciones, superando ampliamente los 3 mil millones de dólares, mientras esperan otros 27.000 casos por exilio.

Ocurre que cada día de exilio forzado se computó, hasta fines de 2016, como un día de detención, obligando al Ministerio de Justicia intervenir. Si además se dan indemnizaciones civiles por no haber entregado los cuerpos (además de las ya repartidas alegremente por esas leyes y varias más) a razón de US$ 10.000 al tipo de cambio de hoy por derecho habiente y teniendo en cuenta la cifra de oficial de 7.018 desapariciones, por tres derecho habientes por familia, serían otros US$ 210.540.000.