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| Andrés Scarsi, bajo la lupa |
(U24) - Prestadores de servicios en la provincia alertaron que el Ministerio de Salud bonaerense, desde hace un año y medio a cargo de Andrés Scarsi, ex secretario de Salud de Lanús en la intendencia de Néstor Grindetti, tiene en trámite de aprobación una oferta por un monto de $527 millones para el servicio de lavado de ropa de cama de los hospitales que puede provocar un escándalo con repercusión en temas muy delicados tal como la financiación de la política.
El dato debe complementarse con otro: también hay una propuesta sustancialmente menor, de $388 millones en la licitación pública 102-0071-LPU18, efectuada bajo el sistema de compras y contrataciones de la provincia de Buenos Aires. El PBAC, totalmente digitalizado, fue implementado para dotar de transparencia el proceso.
Entonces, la empresa que llenó los requisitos del pliego en la presentación online, y resultó ser 35,9% más baja, denunció haber sido excluida mediante subterfugios administrativos tales como una impugnación por utilizar una planta alquilada para prestar el servicio, pese a que, adujo en el descargo, esa situación había sido documentada inicialmente.
La firma que se declaró perjudicada subrayó que
< durante 17 años estuvo realizando exitosamente el lavado industrial de ropa sanitaria bajo norma, habilitado en la actividad y registrado en la OPDS (exSecretaría de Política Ambiental) en más de 60 establecimientos privados de la Ciudad de la Plata, Mar del Plata, conurbano e interior de la provincia de Buenos Aires; y
< cuenta con certificación de Iram ISO 9001:2015.
Sus responsables agregan que bastó que intentara participar en el circuito de hospitales públicos bonaerenses para que un grupo de compañías, algunas vinculadas familiarmente entre sí, que controlan ese circuito hace más de una década, le levantara obstáculos de todo tipo, con la anuencia de algunas autoridades que, evidentemente, le hacen daño al objetivo de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Las suspicacias en torno de estos casos se multiplican, por estar los protagonistas beneficiarios relacionados con los aportes de campaña para el Pro.
Esto contrasta con la voluntad de la gobernadora Vidal, quien en 2017 encaró un cambio en el sistema de compras y contrataciones de la provincia de Buenos Aires (PBAC), que calificó de revolucionario en aras de transparentar y evitar actos de corrupción.
El procedimiento impulsado por Vidal introdujo la modalidad de llenar online los pliegos de condiciones por parte de los oferentes, en lugar del clásico papeleo, con lo que así competirían en igualdad de condiciones para cumplir con los requisitos de las licitaciones.
Sin embargo, la buena voluntad de la gobernadora no contaba con la picardía de participantes curtidos en la artesanal actividad de controlar la provisión de obras y servicios al sector público y la complicidad de un aparato enquistado en el Estado para manipular los procedimientos y tergiversar interpretaciones de las normas del pliego.
Esta situación acaba de quedar en evidencia en el concurso llamado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires -desde mediados de 2017 a cargo del ya mencionado Scarsi-, para la limpieza de sábanas, toallas, todo tipo de vestimentas y tratamiento en 65 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, que debería empezar a partir del 01/10/2018.
De las 8 ofertas (ANCA S.A, Berazategui; Banfield S.A.; TEX CARE; Apparel Argentina; Lucero SRL, Burbujas SRL y Lavandería Bozzarelli) presentadas por internet en igualdad de condiciones, la última de las mencionadas resultó ser la más baja: 35,9% debajo de la que le seguía, pese a lo cual fue apartada“argumentando que habrá de prestar su servicio desde una planta alquilada y no propia, cuando el mismo pliego de bases y condiciones prescribe como requisito para participar que la empresa acredite documentadamente una u otra situación, alternativa e indistintamente”, señaló Matías Ávila, hijo de la dueña del lavadero que hizo la mejor oferta, Ana Mercedes Bozzarelli, y apoderado de la firma.
Él hizo hincapié en que interpusieron un recurso administrativo porque “no sólo opera con planta arrendada, sino que posee 2 más de su propiedad y una 4ta. en el marco de un convenio de reciprocidad comercial para eventualidades y urgencias, tampoco se le dio debido tratamiento arguyendo que se había extraviado del expediente el depósito en garantía para impugnar la preadjudicación”.
Él subrayó otra inequidad de parte del Ministerio de Salud: “Habiéndose tomado todo el tiempo del mundo para adjudicar, incluso estando vencidas las ofertas por el tiempo transcurrido previsto en el pliego, desestimó la oportunidad de preguntar al Banco Provincia si efectivamente se había realizado el depósito correspondiente”, indicó Ávila.
“Todas las irregularidades y dilaciones cometidas por los funcionarios actuantes se encuentran en una denuncia penal presentada pero resulta que es más fácil difamar y vulnerar el Derecho, que recuperarlo después. Tal vez por eso el hermetismo del expediente y los tránsitos en mano, manipulando el sistema informático, tal como sucedió cuando hubo que labrar acta bajo escribano, por no permitir al interesado la vista”, explicó.
Y se lamentó de que “la licitación de este año, que ya tiene proyecto de decreto para que se adjudique por un monto de $527 millones, les va a costar a los bonaerenses $140 millones más cara”.
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| Jorge Lemus, 2 veces apartado por Mauricio Macri de las decisiones sanitarias. ¿Por qué habrá sido? |
La empresa beneficiaria fue ANCA S.A. Su director es Ricardo Andrelo, un apellido estrechamente vinculado a la Federación de Cámaras de Lavanderías de Ropa, Limpierías y Afines de la RA (Fedelara).
Desde hace 16 años presta el servicio de lavado de ropa en diversos nosocomios del conurbano. Andrelo ya fue mencionado en una denuncia en 2010, cuando el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires era Jorge Lemus.
Ocurrió que en 2009, junto a Lucero y Tex Care -las 3 con lazos de familia vinculantes-, resultaron adjudicatarias por una suma millonaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El entramado parental del grupo que compite en las licitaciones está compuesto por
< el director de ANCA, Ricardo Andrello, esposo de Magdalena Gacceta, vicepresidenta de Tex Care;
< en el directorio de ANCA figuraba Stella Maris Andrelo, casada con Luis Alberto Nerguizian, a la sazón presidente de Tex Care;
< Haydeé Mouriño, la madre de los Andrelo, participaría de ambas empresas, en un volumen muy importante. El concurso fue denunciado porque aumentó 24 veces el costo del servicio.
AUSTERIDAD Y DESPUÉS
María Eugenia Vidal dispuso un presupuesto levemente superior al ofrecido en 2015, en tiempos de la gobernación de Daniel Scioli, del orden de los $400 millones. De modo que para el período 2018- 2021 se determinó un presupuesto del orden de los $550 millones, al ser cargada la inflación en los costos de los insumos y a los salarios de los trabajadores.
Para alcanzar ese tope, lavaderos que prestan servicios en los hospitales de la provincia de Buenos Aires decidieron rebajar casi en 20% el ingreso entonces vigente. Sin embargo, aún así apareció Lavandería Bozzarelli con una propuesta mucho más económica.
Según Ávila, “las empresas que no integran el cártel que se viene alzando históricamente con todas las contrataciones de lavandería industrial, no sólo en la provincia, sino también en otros distritos administrados por el Pro, tales como Vicente López y CABA, son sistemáticamente descalificadas a partir de la manipulación obscena de los procedimientos e interpretaciones tergiversadas de las normas del pliego”.
Él denunció que “mientras se reeditan una y otra vez las contrataciones directas y se prorrogan los plazos de prestación de las órdenes de compra vigentes, para evitar la compulsa, a las mismas empresas y a las de propiedad de la familia Andrelo, la licitación del Ministerio de Salud en curso las tendrá también por beneficiarias".
“La normativa –aclaró Ávila- prohíbe que dos empresas de un mismo grupo económico, que lo comparten todo, socios, abogados, contadores etc., puedan participar en una misma licitación y esto también está denunciado y advertido al: Ministerio de Salud, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de cuentas, el Ministerio de Economía y el Defensor del Pueblo”.
Él también explicó que la licitación para lavar ropa de cama de los hospitales de la provincia de Buenos Aires debería llevar “el mismo modus operandi que emplea la Policía Metropolitana del gobierno porteño y la Municipalidad de Vicente López que consiste en desarticular -como sea- toda posibilidad de real y genuina competencia de oferentes”.
Sin embargo, pone de manifiesto la existencia de conflicto de intereses toda vez que a Ricardo y Stella Maris Andrelo, que integran el directorio de la empresa ANCA, por recibir de autoridades bonaerenses la licitación del servicio de lavado de ropa en los hospitales bonaerenses resulta que contribuyeron con $250.000 cada uno para la campaña del Pro.
El dato no es menor al conocerse que su oferta fue 35,9% más cara que la ganadora. La titular de Lavandería Bozzarelli sostiene haber caído en desgracia con el club de la licitación pública bonaerense, desde que, en dos oportunidades, decidió incursionar en las prestaciones hospitalarias, ignorando que era un coto de caza. Afirman que en la ocasión inicial fueron invitados a retirarse, pues había que pagar 'derecho de piso'.
En la siguiente oportunidad, demoraron irregularmente a quien llevaba personalmente la oferta, para que llegara fuera de término.
“Y cuando varios meses antes todos sabíamos que el sistema cambiaría -y finalmente migró a las presentaciones electrónicas PBAC-, apareció una denuncia anónima por narcotráfico en un juzgado de Mar del Plata que le dio curso y la mantiene abierta, a pesar de que se practicaron más de 50 allanamientos sin resultados que la sostengan”, aseguró la empresaria.
“La presunta droga –destacó Ávila- nunca existió en ninguno de los allanamientos ni tampoco dentro de las plantas de lavado ubicadas en los penales de Batán y Melchor Romero, del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde en estos años se capacitaron dentro del programa 846 internos, que perciben salario mínimo vital y móvil por 6 horas con actualización automática, premio por presentismo y ´beneficio por vacaciones no gozadas´ y seguro de vida, como cualquier trabajador en similitud con el medio en libertad”.
Mientras dure el proceso judicial, las actividades en las plantas se encuentran provisionalmente suspendidas, lo cual Bozzarelli denunció que le hizo perder dos tercios de los contratos con clínicas privadas que venía cumpliendo desde los establecimientos que ocupan en las bases productivas y de resocialización de sendos presidios.
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