(D.P.) - El juez Ariel Lijo citó a indagatoria a Oscar Aguad, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita lo solicitara el jueves. La citación está relacionada con la actuación de Aguad cuando era ministro de Comunicaciones en el acuerdo que logró la empresa Correo Argentino.
En 1997, durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) y a través de un proceso de concesión de los servicios por un período inicialmente estipulado en 30 años, se realizó la privatización de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, conocida como Correo Argentino, y recayó en una de las empresas de Franco Macri, padre del ahora jefe de Estado.
En 2001, en medio de la peor crisis económica, social y política que ha vivido el país, el Correo entró en concurso de acreedores y la empresa contrajo una deuda con el Estado que ascendía a 292 millones de pesos, que en aquel momento equivalía a igual cantidad de dólares.
Es así que en 2003, con la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) al poder, y ante la millonaria deuda, se firmó un decreto que rescindía el contrato de concesión de servicios postales.
En todo este tiempo, en el que también transcurrió la Presidencia de la viuda de Kirchner, Cristina Fernández (2007-2015), no hubo acuerdo entre las partes para cobrar esa deuda, por las divergencias entre el kirchnerismo y la empresa, cuyos principales accionistas son los hermanos, sobrinos e hijos de Macri, luego de que Franco, su padre, se desligara hace años de la misma.
En 2016, la empresa y el actual Gobierno llegaron a un acuerdo de pago, con Aguad como ministro de Comunicaciones, que en 2017 la fiscal Gabriela Boquín indicó que "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva" y hasta el momento la deuda no fue pagada.
Esta situación se dio en medio de una gran polémica por el presunto conflicto de intereses en que podía incurrir Macri al tratarse de un asunto entre el Estado y la empresa familiar, algo que comenzó a ser investigado en la Justicia.
En ese momento, el presidente aseguró que su Gobierno actuó conforme a la ley y defendió la actuación de Aguad y la cartera que dirige, pero resolvió recular en el acuerdo alcanzado para que la Justicia propusiera otro, sin dudas sobre su transparencia.
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