(U24) - La Sala I de la Cámara Federal confirmó este jueves (20/12) los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta como líderes de una asociación ilícita que funcionó detrás de los negocios del ministerio de Planificación.
Además, incluyó al ex secretario José López, al financista Ernesto Clarens y al ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner como líderes de la banda (hasta ahora estaban considerados como miembros).
En tanto, dictó la falta de mérito para el ex titular de Inteligencia, Oscar Parrilli, para el ex juez Norberto Oyarbide, y Javier Fernández.
Con este fallo, el juez federal Claudio Bonadio pedirá al Senado el desafuero de la ex Presidenta. El Tribunal también confirmó el embargo de $1500 millones para Cristina, quien además de estar acusada de dirigir una asociación ilícita, se la encontró responsable como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas).
Para justificar el pedido de su prisión preventiva, Bonadio había indicado que tanto ella como los ex funcionarios procesados en la causa mantienen "vínculos" con "medios afines, empresarios", y que la ex presidenta "podría entorpecer" la investigación.
Cuando firmó el procesamiento de la ex Presidenta, el juez Bonadio determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de "dinero ilegítimas en mano propia" no la exime de "responsabilidades".
En ese marco, según el magistrado se dio por comprobada "la existencia de una organización delictiva" planteada por la "recaudación de coimas" que inició con Néstor Kirchner y que "continuó durante la gestión" de la actual senadora.
Así lo confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Apoyando el planteo de Bonadio, para los jueces de la Cámara Cristina tuvo siempre "conocimiento del sistema de recaudación" y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la "asociación ilícita".
Así, los camaristas sostuvieron en la resolución, que existió un "comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal", los distintos funcionarios intervinientes "operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria".
La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, "para procurar la afluencia de dinero". Se celebraban los contratos distribuidos en rubros de la construcción o concesión de licencia de corredores viales o transporte
"En definitiva, es en Néstor y Cristina Kirchner donde el círculo termina por cerrarse", señalaron Bruglia y Bertuzzi y es este "actuar dinámico y coordinado" donde funcionarios "pusieron sus servicios al mantenimiento del esquema recaudatorio", es el que califica como "asociación ilícita", para los camaristas.
Así, se determinó que la "organización criminal" respondía a una "estructura piramidal con eje" en sus máximas autoridades, que le dio "características extraordinarias: de inusual y poderosa capacidad de acción, medios extraordinarios basados en la estructura jerárquica para lograr sus fines de una impunidad sin precedentes".
Además, la Cámara consideró como prueba válida los cuadernos del exchofer de Baratta, el arrepentido Oscar Centeno, cuyas anotaciones dieron origen a la investigación por el pago de coimas de empresarios de la obra pública y energéticos a funcionarios durante el kirchnerismo.
Por otro lado, la decisión del tribunal revirtió la figura de organizadores de la asociación ilícita que pesaba sobre una veintena de empresarios involucrados en el caso y les impuso la calificación de cohecho.
Esto alcanza a empresarios como Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, y ex dueño de IECSA, Aldo Roggio, de Benito Roggio e hijos, Juan Chediak, Juan Carlos de Goycoechea, ex Isoluz, Claudio Glazman, Luis Betnaza de Techint, Armando Losson, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, Alberto Taselli, Hugo Eurnekian, y Enrique Pescarmona.
La Cámara ordenó la excarcelación de varios involucrados que estaban presos por orden de Bonadio, en tanto que el único empresario que seguirá detenido es Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, fue porque se lo consideró partícipe de le asociación ilícita.
Entre los excarcelados están los empresarios Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Otero y Lascurain. Estos dos últimos tenían prisión domiciliaria. Entre los ex funcionarios que recuperarán su libertad están Walter Fagyas, Hernán Gómez, Fabián García, Ramón y Hernán del Río.
El tribunal de alzada también revocó la falta de mérito de los empresarios Javier Sánchez Caballero (ex IECSA), Jorge Neira (Electroingeniería), Rodolfo Poblete (Grupo Romero), Héctor Zabaleta (ex Techint) y Francisco Valenti (Grupo Pescarmona).
A todos ellos, haciendo lugar al pedido de los fiscales del caso, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, los camaristas los consideraron partícipes necesarios del delito de cohecho de varios de los hechos investigados.
Para los también ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Oscar Thomas y José María Olazagasti, la Cámara confirmó su procesamiento con prisión preventiva. Fue por considerarlos miembros de la asociación ilícita. También los consideró miembros a Germán Nivello, Claudio Uberti y Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen al caso.
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