JUEZ POR JUEZ: LA DENUNCIA DE NISMAN HACIA UNA VÍA MUERTA

AGENCIA / JUSTICIA 

 Alberto Nisman 

 CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Los rumores en Comodoro Py son insistentes: la Cámara Federal ratificaría la resolución de archivo que el juez Daniel Rafecas dictó sobre la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman, y avalada por sus pares, Gerardo Pollicita y Germán Moldes.



 Si el rumor no se confirmase y los camaristas ordenaran seguir con la investigación revocando la decisión del juez, no hay recurso posible.

Tal vez Pollicita pida la recusación de Rafecas por sus recurrentes prejuzgamientos, se sortee otro magistrado y el fiscal impulse las medidas que ya pidió. Ahora bien, si la Cámara resuelve de acuerdo a la información que circula y ratifica el archivo, todavía Moldes podría interponer recurso de casación y que sea justamente la Cámara de Casación la que evalúe el tema.

Tiene 10 días hábiles desde que la Cámara Federal lo notifique, y luego es la misma Cámara Federal la que dentro de los 3 días hábiles posteriores a la presentación del recurso, deberá decidir si lo otorga o no.

Si no lo hace, Moldes puede ir de todos modos a Casación en queja. Si lo otorga, la causa pasa a esa nueva instancia. La Cámara de Casación tiene 4 Salas y ha sido uno de los objetivos del kirchnerismo que ha ido copándola y lentamente ocupando vocalías en todas ellas.

Además, podrían impulsar la acción 4 fiscales dependiendo quien salga sorteado:

- Raul Plee, activo participante y convocante a la marcha del 18F;

- Ricardo Wechsler, quien, si bien no ha sido protagonista en el tema Nisman, suele resultar refractario a cerrar causas contra funcionarios públicos, tal como en el caso del sobreseimiento por el enriquecimiento ilícito de Julio De Vido que determinó que era “arbitrario”;

- Javier De Luca, miembro activo de Justicia Legítima y crítico feroz de la marcha del 18F (“Es una marcha política y los que van son figuretis”, dijo); y

- Gabriela Baigún, quien, por ser subrogante puesta por el kirchnerismo, no tiene margen de acción.

 Debe recordarse que para que el recurso (en este eventual caso el de casación) se sostenga, el fiscal de la Cámara debe impulsar y sostener lo alegado por el fiscal de la instancia inferior (Moldes).

Es más, si el fiscal de Casación sostiene el recurso, pero la Cámara falla mandando a archivar la causa, es únicamente el propio fiscal de esa última instancia penal, el que podría mandar el expediente a la Corte Suprema, por “manifiesta arbitrariedad” en la sentencia.

Recordemos que Moldes deja abierta la puerta para tal solicitud, porque ya alega la arbitrariedad del fallo de Rafecas.

 Pero la situación en Casación para que la causa continúe es al menos frágil. Es cierto que la Sala I tiene una composición refractaria al gobierno.

Luis María Cabral se ha mostrado habitualmente poco afecto a seguir los mandatos kirchneristas, y Ana Figueroa fue electa presidente de la Cámara rivalizando con el ultra K Alejandro Slokar.

 Sin embargo la Sala II es totalmente “K friendly”: el mencionado Slokar, Pedro David y Ángela Ledesma. 

Por su parte, la Sala III es confusa: si bien Liliana Catucci no se siente cómoda con el oficialismo, nadie sabe cómo podrían proceder Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, aunque puede presumirse cierto grado de independencia de la política.

 Por fin, la Sala IV es otra incógnita: Juan Carlos Gemignani tiene una fluída relación con los K, dependerá de Gustavo Hornos y, otra vez, Borinsky, hacia dónde se incline la resolución.

 Tal como podrá observarse, la continuidad de la investigación depende en buena parte de un “sorteo”, y tiene un 50% de posibilidades de ser analizada con independencia.

Queda mucho camino por recorrer, solamente para saber, si la causa iniciada por la denuncia de Nisman y que parece haberle costado la vida, será al menos, investigada.

 Lo que queda claro de este análisis, es que si existe un “Partido Judicial”, ese partido es oficialista. Todos los magistrados que se inclinan por el archivo del expediente sin siquiera molestarse en investigarlo, tienen una evidente inclinación política, y la intención clara es llegar al final de este gobierno, con la denuncia de Nisman cerrada y pasada en autoridad de cosa juzgada, para que nunca más los funcionarios implicados puedan ser investigados por el mismo hecho.