Por HORACIO MINOTTI
CIUDAD DE BUENOS AIRES (La Gazeta de Buenos Ayres). La llamaron “Ley de Pacificación Nacional”, llevó el número 22.924, y la dictó en septiembre de 1983 el último dictador, Reynaldo Bignone, un mes antes de las elecciones, buscando asegurar la impunidad suya y de sus cómplices, por las atrocidades cometidas. De paso, protegía también el accionar de la Triple A desde 1973.
En su primer artículo podía leerse: “Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982.
Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado.
Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos”.
El descaro con que pretendían hacerse de dicha impunidad era concomitante con una época sin grises, sin medias tintas, y con su convicción de que “tenían derecho” a hacer lo que hicieron.
Los tiempos cambian y con ellos la forma de hacer las cosas, pero aun con sus evidentes diferencias, el kirchnerismo también busca evitar gastar los zapatos recorriendo incesantemente los pasillos de Comodoro Py, después del próximo 10 de diciembre.
Y lo hace mediante un paquete de leyes que envía al Congreso, donde todavía tiene las mayorías necesarias para sancionarlas. Las más llamativas son la Ley de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, la reforma de la Ley Orgánica de Ministerio Público Fiscal y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La primera de ellas tiene el claro objetivo de controlar la Justicia Penal de la Capital Federal, donde evidentemente se sustanciarán todas las causas contra funcionarios públicos nacionales, en la era post kirchnerista.
La búsqueda de digitar la Justicia Penal es evidente: el proyecto le da el poder de investigar a los fiscales y se lo quita a los magistrados y allí se ensambla con el proyecto que reforma el Ministerio Público, que tiene la doble función de completar el control que ya ejerce y cobrarse revancha del grupo de fiscales de promovió la investigación por la denuncia de extrañamente extinto fiscal Alberto Nisman.
El objetivo de este segundo proyecto de ley, es que los fiscales queden organizados de manera diferente a como lo hacen en la actualidad. Hoy cada representante del Ministerio Público trabaja con un juzgado y rotan anualmente. Cada fiscal maneja su dependencia y lleva la acusación en los expedientes que se hayan sorteado en el juzgado con el que les tocó trabajar el año en curso.
Pero la iniciativa del gobierno, pretende redistribuirlos en grupos de fiscales, que tengan un fiscal coordinador. Si logran sancionar la ley, será ese fiscal coordinador el que investigue o no un expediente.
Y por cierto, la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó será la reorganizadora del sistema y quien designe a los fiscales “coordinadores”. Huelga decir que los equipos serán coordinados por fiscales afines, de Justicia Legítima, cosa que no puede ser evitada, porque el Ministerio Público está diseñado por la Constitución Nacional como un “poder extrapoder”, con autonomía funcional, bajo el comando del Procurador General.
Así, combinando ambos proyectos, los jueces ya no podrán llevar adelante las investigaciones o impulsar medidas (nuevo Código Procesal) y solo podrán hacerlo los fiscales; y a su vez los fiscales serán reorganizados y estarán bajo el mando de un fiscal coordinador, afín al gobierno (proyecto de reforma del Ministerio Público).
El juego articulado de ambas normas es simple y claro. A esto hay que agregarle la posición actual y futura de Gils Carbó. La jefa de los fiscales tiene la misma estabilidad en su cargo que un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, y los requisitos para su remoción son idénticos a los de estos, por lo cual, el próximo gobierno, por mejor elección que haga, dadas las actuales mayorías kirchneristas en ambas Cámaras del Congreso, y habida cuenta que Diputados se renueva por mitades y el Senado solamente por tercios; no podrá destituir al menos por dos años a la actual Procuradora General, sea lo que sea que se le endilgue.
De este modo Gils Carbó se transforma en la tabla de salvación del kirchnerismo. Concentrará: toda investigación, la designación de los fiscales y el sistema de escuchas telefónicas que ya se le derivó con la modificación de la ley nacional de inteligencia.
Para ir a un ejemplo concreto, existen múltiples causas por “incumplimiento de deberes de funcionario público” que es el delito más simple y habitual y por el que están acusados decenas de funcionarios de los últimos 12 años. Pues bien, tal delito prescribe a los 2 años, por ende, si por el nuevo Código Procesal Penal los que deben investigar son los fiscales, y si de acuerdo a la nueva ley de Ministerio Público, se designan fiscales que no investigan, y la Procuradora se mantiene en su cargo al menos hasta 2017, todas esas causas por incumplimiento de deberes, deberán ser sobreseídas por prescripción.
Por último, el proyecto que pretende modificar la Ley de Organización de la Justicia Nacional, tiene diversos fines, pero el sustancial es el Control de una Corte Suprema de Justicia, que luego será ampliada.
Lo más importante que se buscará modificar, es el modo en que se suplen las vacancias en la Corte en caso de no existir mayoría entre los Ministros constitucionalmente designados. En la ley actual, se realiza un sorteo entre los presidentes de las Cámaras Federales. El gobierno pretende, que se integre directamente con la lista de conjueces que le hizo votar al Senado el año pasado con mayorías insuficientes de acuerdo a la Constitución Nacional, y que por cierto, son todos de su más estricta confianza.
Si luego se amplía el numero de Ministros de 5 a 9 como se pretende, existiendo hoy solamente 4 magistrados en funciones, siempre harán falta 5 conjueces kirchneristas para completar el número, que a su vez harán mayoría.
Así las cosas, el paquete de leyes de reformas judiciales enviado al Congreso, no es más que un elaborado plan para garantizar la impunidad.
Solamente por necesidad, por el cambio de contexto político y comunicacional, no es una simple y descarada ley de autoamnistía, sino que han debido esmerarse en elaborar un plan un tanto más “sofisticado” para poder negar lo obvio.
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