Imagen del subdesarrollo: una constante en los centros urbanos y semiurbanos de Entre Ríos.
Por ROBERTO DOMINGO
PARANA (U24 Entre Ríos). El subdesarrollo es un fenómeno de raíces principalmente económicas y se manifiesta en la impotencia de la estructura económica de producir la cantidad y calidad de bienes y servicios que la población requiere.
Como el mercado por si solo es incapaz de brindar una solución integral a la problemática del subdesarrollo, el Estado debe tomar un papel activo para quebrar este esquema, que nos detiene en el atraso y la decadencia.
No existe el desarrollo espontáneo. Ahora bien, el Estado, como cualquier ente, requiere recursos para cumplir con los fines que se propone. Esos recursos pueden ser propios (en el caso del estado son los impuestos y otros), ajenos (préstamos) o incluso extraños como la emisión monetaria del Estado Nacional.
En este último caso, la provincia de Entre Ríos no puede acceder; cuando lo hizo el resultado fue catastrófico (Bonos Federales). La necesidad de recursos fiscales se contrapone muchas veces con los objetivos de las empresas privadas, las cuales a su vez son las que, a través de sus aportes vía impuestos, contribuyen al financiamiento del Estado.
Esa presión fiscal es la que debe equilibrarse y administrarse eficientemente. La elevada presión fiscal atenta contra la inversión y la rentabilidad de las empresas. Todo ciudadano es consciente y percibe que si el estado le devuelve sus impuestos vía infraestructura y servicios adecuados, los impuestos son el precio a pagar por vivir en una sociedad justa.
El problema nace cuando el estado se encuentra ausente o presta esos servicios en forma deficiente. Se calcula que un ciudadano argentino debe laborar más allá de mediados de julio de cada año solamente para pagar sus obligaciones tributarias. Hoy su carga impositiva muchas veces supera el 30% de sus ingresos y patrimonio lo cual se considera confiscatorio.
Esta situación ha ido incrementándose en los últimos 20 años. En cuanto a los impuestos nacionales, se calcula que la presión tributaria aumentó del 17% en 2003 pasando al 30% en 2014, el estado nacional cuenta con un 150% de incremento en sus recursos hoy que en 2003 (deflactado), y sin embargo su situación es altamente deficitaria.
Si bien muchos de estos tributos son coparticipables, lo cual influye en la provincia de Entre Ríos porque le corresponde una porción mayor, lo cierto es que la mayoría son de carácter regresivo como el Impuesto al Valor Agregado, con tasas desmedidas (21%) comparadas con otras partes del mundo. Y es justamente en este punto donde podemos denunciar que este gobierno que dice ser Keynesiano, en realidad no lo es.
Las políticas keynesianas se caracterizan por ser anti cíclicas, es decir, que ante la falta de respuestas del mercado por cambios en los niveles de actividad el Estado interviene aplicando políticas activas que vengan a morigerar estos ciclos negativos, aumento del gasto, baja de impuestos, políticas monetarias expansivas, baja de tasas de interés.
Pues bien: ¿Alguien puede recordar una baja en los impuestos? Realmente no, porque esta administración no es keynesiana, es populista, y el populismo siempre ha aumentado la carga impositiva a niveles incompatibles con el objetivo del aumento en la producción y la inversión.
Cuando se agotan los tres métodos tradicionales de financiamiento del Estado, aumento de impuestos, endeudamiento y emisión, abusan del último, destruyendo la moneda y forzando el esquema al máximo.
En cuanto a la provincia de Entre Ríos, su esquema de recursos para solventar sus compromisos depende directamente de la Coparticipación Federal de Impuestos. El esquema impositivo provincial, es altamente regresivo e insuficiente a la hora de compararlo con los gastos. Según datos oficiales, es la provincia argentina que más ha evolucionado en niveles de recaudación en el último ejercicio, post “reforma impositiva”.
Esto no es verdad, la “reforma” solo consistió en incrementos de alícuotas, y derogación de exenciones, un esquema sancionatorio más severo y aumento de requerimientos burocráticos. Todo esto en un ámbito de altísima corrupción. Nos referimos al escándalo conocido como “las compensaciones de ATER”, donde se ven involucrados funcionarios, empresarios y asesores, entre otros.
Decimos entonces: la elevada presión fiscal y el altísimo costo correspondiente a las obligaciones por leyes sociales por mantener empleados dependientes de las Cías. atentan contra la rentabilidad de las empresas.
Y una empresa sin rentabilidad no puede invertir. Sin inversión se detiene todo círculo virtuoso en economía. Y, por supuesto, el Estado no puede recaudar porque los impuestos pasan a ser recursos, que al no pagarlos o evadirlos, esas empresas se financian.
Importantes estudios econométricos aseguran que se ha llegado a un punto en el cual con los actuales niveles de inflación-gasto público-presión fiscal-costo del crédito-expectativas las empresas tienden a quedar inmóviles, y la inmovilidad, nuevamente es enemiga de la inversión.
¿Cómo cambiar este esquema? La Nación ha gastado en el último presupuesto (2014) 25% de los recursos en Prestaciones de seguridad social, y 21% a la coparticipación de las provincias. Esto es absurdo, en tanto y en cuanto tengamos claro que las provincias son autónomas y los impuestos les pertenecen.
La Nación subsidió con un 14% de su presupuesto al sector prestador de servicios (de cada $100 gastados $14 se los transfirió al transporte, luz y gas). Este esquema debe replantearse en su totalidad. El sinceramiento de tarifas políticas es prioritario. Esta inmensa masa de recursos debe distribuirse entre los estados provinciales, y dentro de una política expansiva y de desarrollo de esos estados, volcarse a infraestructura, créditos e impulso al agro y la industria.
Los subsidios mantenidos a través del tiempo, producen desinversión, burocracia, corrupción y malos servicios. Debe entenderse que todo gasto estatal que no sea volcado a la economía reproductiva, no tiene efectos directos sobre la inversión.
Por este motivo todos los anabólicos al consumo tienden a largo plazo a tener efectos hasta negativos. A nivel gubernamental debe estimularse la oferta (la producción y el aumento de la productividad), no la demanda (planes de cuotas-estímulos de consumo artificiales), porque este proceder en una economía subdesarrollada como la nuestra, la cual, repetimos, no puede darle respuesta en cantidad y calidad de bienes y servicios trae aumentos de precios.
Fuente: Mecon y Presupuesto de la Provincia de Entre Ríos.
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