El gobierno nacional elaboró un anteproyecto de ley que envió a la AFA
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Cuando faltan seis meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, el gobierno nacional elaboró un anteproyecto de ley que envió a la AFA que será tratado por el Congreso Nacional y que tiene como objetivo “prevenir y reducir la violencia e intolerancia en el fútbol”, el documento tiene cuatro puntos básicos que desarrolla en poco más de 20 páginas.
Según una nota publicada en Diario Popular, con esta iniciativa los directivos se quitan una gran responsabilidad, ya que no serán ellos los responsables de impedir el acceso a los violentos –algo que muchas veces pidió el titular de Boca, Daniel Angelici- y de algún modo no pagar las consecuencias de tal determinación.
Sin embargo, los clubes tendrán que atender ciertas cuestiones: reformas en los estadios para implementar un sistema de accesos que permitan la lectura de datos biométricos para evitar burlas a las vedas de admisión.
Este problema, era producto del abandono de la tarjeta AFA Plus, que deberá adaptar el Estado, si el proyecto termina siendo ley.
Para entrar a los estadios, entonces, habrá que poner el dedo y si pesa alguna restricción, no se abrirán los molinetes que posibilitan el ingreso.
Los clubes, además, deberán resignar dinero: el uno por ciento de la recaudación de los partidos –del torneo local, o de una competencia internacional como la Copa Sudamericana o Copa Libertadores-, será girado a la cartera de Seguridad para cubrir los gastos operativos.
En cierto modo, correrán con ventaja los clubes que tengan actualizados sus accesos a pedido de AFA Plus y entre los espectadores, quienes hayan aportado sus datos para el mismo programa. Por otra parte, una nota publicada en el diario La Nación dio a conocer las estadísticas proporcionadas por la ONG Salvemos al Fútbol, integrada por familiares de víctimas y cuyo titular es el ex juez Mariano Bergés, que desde que el kirchnerismo está en el poder fallecieron 85 personas.
También, La Nación reveló que hasta ahora, el derecho de admisión es aplicado por cada club. En algunos casos, en los que la pelea por el control de la barra está latente, los dirigentes optan por incluir en el listado a los referentes de un solo sector, trazando un trato con el resto.
Así, surgen las barras oficiales y las disidentes, que son las excluidas. La intención del Ministerio de Seguridad es replicar lo que se hizo en el último Mundial, tras un convenio con Brasil, aunque puertas adentro. Es decir, restringir el acceso de los barras e intentar neutralizar su poder de influencia.
Darío Ruiz, subsecretario de Seguridad y el hombre de Sergio Berni para la lucha contra la violencia en el fútbol, explicó desde hace semanas los alcances del proyecto de ley que presentó el organismo en la comisión de Deportes del Congreso.
A largo plazo, la intención es obligar a los clubes a que inviertan en infraestructura y tecnología, modernizando los accesos (se evalúa un sistema electrónico con identificación) y colocando cámaras de seguridad. Los dirigentes de los clubes tienen poco conocimiento del proyecto, aunque desde el ministerio prevén informes periódicos antes de que la iniciativa pueda convertirse en ley.
Un presidente de un club bonaerense que está en Primera sigue de cerca la reforma que se estudia desde el Gobierno. Al dirigente hubo un hecho que lo empujó a enfrentarse sí o sí con los barras: denunció amenazas y probó que los referentes de su hinchada trabajaban a sueldo en el municipio donde está radicado el club.
Tras la presentación del proyecto de ley en el Congreso, hubo otros legisladores que impulsan su propia iniciativa, que sería bastante similar, aunque con agregados. Una de las diferencias es la creación de un organismo nacional y de una fiscalía especializada en temas de fútbol y barras.
En el Ministerio de Seguridad creen que esto sería inviable porque las fuerzas policiales dependen de cada distrito y habría que modificar las legislaciones provinciales.
Otro punto no sería menor: las distancias harían difíciles las reuniones de los representantes provinciales en caso de un órgano nacional.
“¿De qué serviría el representante de Jujuy para sancionar a Laferrère?”, cuestionan allegados a Berni.
En el artículo 27 del proyecto se destaca que serán reprimidos con prisión de dos a seis años aquellos dirigentes, entrenadores o cuerpos técnicos que consintieran la guarda de armas blancas o de fuego que habiliten a cometer delitos, a la vez que se le quitará a la AFA la potestad de la aplicación del derecho de admisión en los estadios.
Además tendrá la potestad de llevar adelante la clausura temporaria y preventiva de los estadios, cuando los mismos no ofrezcan la seguridad necesaria a los concurrentes.
Además, se propone la creación del Fondo Nacional para la Seguridad en el Fútbol, que surgirá del uno por ciento de todas las entradas vendidas en estadios o lugares públicos en eventos futbolísticos de carácter nacional o internacional.
La afectación de estos recursos se efectuará por el término de 10 años y el destino de los mismos pasará por mejorar la seguridad de los eventos futbolísticos.
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