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| Foto OPI SANTA CRUZ |
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) En el programa 'Periodismo para Todos', conducido por Jorge Lanata, la periodista Luciana Geuna presentó un informe mostrando cómo durante el allanamiento a la inmobiliaria de Máximo Kirchner, por el caso Hotesur, la Policía Metropolitana tuvo que esperar tres horas hasta que la jueza Andrea Belinda Askenazi Vera de Río Gallegos emitiera la orden judicial respectiva.
El operativo había sido dispuesto por el juez Claudio Bonadio antes de ser removido de la causa por pedido del kirchnerismo.
Según mostró el informe, los efectivos de la Metropolitana, alertados de lo que podía ocurrir, se ubicaron en proximidad de la Inmobiliaria Sancho San Felicce y allí fotografiaron cómo llegaban autos y camionetas de allegados a la familia Kirchner, incluyendo los del propio Carlos Sancho y Osvaldo San Felicce, llevándose valijas y bolsos del interior del negocio inmobiliario en calle Roca al 900 de esta capital.
Tres horas más tarde, cuando lograron tener la orden judicial firmada por Askenazi Vera, ingresaron al edificio y, ante la negativa de uno de los empleados de franquear el ingreso a la documentación, hicieron efectivo el allanamiento y encontraron una decena de cajas para la guarda de papeles, abiertas, con faltante de documentación y dos grandes cajas fuertes, dentro de una bóveda con puerta de seguridad, en cuyo interior había más de 600 mil pesos en bolsos, por lo que se presume que había mucho más dinero y papeles que ya habían sido quitados de allí.
Se trata de la misma jueza que, en 2013, demoró más de un mes en allanar la chacra de Lázaro Báez, y llegó cuando el empresario ya había restaurado las instalaciones y construido una lujosa cava de vinos, con olor a pintura nueva.
Elisa Carrió había radicado la denuncia tras un informe de PPT que mostró, con fotografías tomadas por el empleado de Austral Construcciones Sergio Triviño, que allí había una bóveda para la guarda de bolsos con plata.
Pero recién 45 días después se realizó el allanamiento y, por supuesto, no se encontró nada. La denuncia por la supuesta desmantelación de la bóveda -en el marco de la ruta del Dinero K- en la casa de Báez se desdobló y la Cámara Federal, en junio de ese año, envió a Santa Cruz la investigación sobre las fotos que mostraban valijas con armas y municiones.
En tiempo récord, en septiembre de 2013, la jueza Askenazi Vera archivó la denuncia referida a las armas.
Andrea Belinda Askenazi Vera es uno de los 21 conjueces aprobado -con gran polémica- por el Senado en mayo de 2013, y reemplazó a Ana Álvarez, enfrentada con el Gobierno nacional.
Askenazi Vera se desempeñó como asesora legal en la Fiscalía de Estado desde 2003 - trabajaba junto a Romina Mercado, hija de la ministro de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y sobrina de Cristina Fernández, además de ser presidente de Hotesur- y hasta su designación como conjueza ejercía funciones en la Secretaría General de la Gobernación de Santa Cruz.
Su marido, Sergio Sepúlveda es el abogado de la empresa eléctrica estatal de Santa Cruz y también había ingresado, en 2013, al polémico grupo de conjueces para la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Recordemos que el 15 de abril de 2013, Lázaro Báez fue denunciado por presunta asociación ilícita y lavado de dinero (expediente 33.613/13) en el Juzgado Federal de Río Gallegos, en ese momento a cargo de la jueza subrogante Ana Cecilia Álvarez, considerada como una de las “pocas juezas independientes” de la provincia.
Pero al poco tiempo fue reemplazada, cuando el kirchnerismo logró aprobar en el Senado la lista de conjueces. En su lugar fue nombrada Andrea Askenazi Vera, “a través de un mecanismo viciado por inconstitucional, con el sólo fin de proteger a Báez”, explicó a Clarín el abogado patrocinante del ARI, José Luis Janezak.
La denuncia original se desdobló remitiéndose todo lo concerniente al lavado de dinero al Juzgado del Juez Sebastián Casanello.
En Río Gallegos, quedó la denuncia por corrupción en la obra pública que benefició al empresario amigo de los Kirchner, con más de $24.000 millones en obras nacionales y provinciales.
“Esta causa no avanza por la falta de voluntad e interés en investigar por parte de la fiscalía y de Askenazi Vera”, indicó Janezak.
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