PARANÁ (U24 Entre Ríos). El gobernador Sergio Urribarri y todos los funcionarios del área educativa, desde el ministro de Educación, Eduardo Lauritto, hasta la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Claudia Vallori, ya no saben cómo hacer para destrabar el conflicto docente que amaga en cualquier momento paralizar la educación en Entre Ríos.
Con promesas ya no alcanza y la realidad se hace cada día más evidente: El gobernador no tiene plata, ni recursos humanos capacitados para enfrentar la situación. Por ello, al mandatario se le ocurrió, como lo hizo con los policías que se sublevaron en diciembre de 2013 pidiendo mejores condiciones de trabajo, recurrir a la justicia, instruyendo al Procurador general, Jorge García, que como hiciera en aquella oportunidad busque algún argumento para frenar el conflicto con los maestros.
García siempre tan solícito a los pedidos del gobernador, aceptó entonces una presentación realizada por el CGE ante el defensor general, Maximiliano Benítez, otro funcionario siempre dispuesto a cumplir los deseos de Urribarri, por el cual se pide investigar si los docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), “incumplieron” el mandato judicial que evitó el paro en el reinicio del ciclo lectivo, tras el receso invernal.
La situación se deriva de la medida adoptada el viernes 24 de julio por la jueza de feria Cecilia Bértora, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por el defensor general, y ordenó a los sindicatos docentes suspender el paro de actividades en las escuelas previsto para los días 27 y 28/07.
Ese mismo lunes hubo una marcha de antorchas en Paraná hacia Casa de Gobierno y el martes, asambleas de entre 3 y cuatro horas en todos los establecimientos.
El CGE entendió que esas medidas de fuerza supusieron un incumplimiento de la orden judicial. La apoderada legal del Consejo de Educación, Miriam Clariá, dijo a Canal 11 que al llevar a cabo las asambleas “en casi media jornada de trabajo, habría una manera indirecta de llevar adelante las medidas que fueron suspendidas por el Poder Judicial”.
“En un Estado social de derecho cuando hay una orden judicial, se debe abocar al cumplimiento de esa medida y estas son las herramientas del CGE, pero después está la voluntad de aquel que decide acatarla o no”, dijo la funcionaria.
Ahora, la denuncia por ese incumplimiento del mandato judicial está en manos del procurador general, quien dio la orden de investigar si ocurrió efectivamente así. “Estamos en etapa de averiguación. Pretendemos determinar si es cierto lo que se denuncia. Acá se dice que no en todos los lugares se había cumplido la orden de la Justicia. Y sea directamente o de manera encubierta, se habrían llevado adelante medidas de fuerza. Bueno, eso lo estamos averiguando. Queremos determinar si pasó efectivamente así o no, y en eso están trabajando las fiscalías”, dijo García.
En 2014, ya una jueza, Gladys Pinto, ordenó a los docentes suspender no sólo los paros, sino también las asambleas en las escuelas. Una resolución que firmó la magistrada ordenó “la suspensión tanto de las asambleas dentro del horario del dictado de clases, asegurando así el cumplimiento de la carga horaria completa conforme el calendario escolar dispuesto para el año 2014, como de adoptar cualquier otro tipo de medidas en relación al conflicto suscitado con el Consejo General de Educación hasta tanto venza el plazo de la Conciliación Obligatoria”.
De todas formas los maestros, a pesar de esta evidente amenaza por parte del gobierno, han decidido seguir adelante con las asambleas en las escuelas, previo al congreso provincial de AGMER del jueves donde se resolverá cuales serán los pasos a seguir.
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