AGENCIA / POLÍTICA
CIUDAD DE BUENOS AIRES (IDESA) El plan “Qunita” es más conocido por las denuncias de corrupción y su carácter electoral que por su contenido.
En países vecinos este tipo de intervención forma parte de una estrategia integral que arranca con la detección temprana del embarazo y se prolonga con la estimulación del bebé.
Para que esta buena idea no se distorsione con una mala instrumentación es fundamental una cuidosa descentralización de la gestión en los centros de salud provinciales y municipales.
El Gobierno anunció un plan materno-infantil llamado “Qunita”.
El diseño, en teoría, prevé la entrega a embarazadas de una chequera para controles médicos, la realización de prácticas de rutina de imágenes y vacunación, la gestión de la asignación monetaria por embarazo y orientación sobre el parto.
Al momento del nacimiento se entrega un kit que consiste en cuna, blanquería, indumentaria para la madre y el bebé, un porta-bebé y un bolso con varios productos (protector mamario, mordillo, chupete, termómetro digital, algodón, cremas, sonajero, un libro de cuentos y una guía para la madre).
La concepción y los dos primeros años de vida son decisivos para el desarrollo cognitivo de las personas.
Déficits en la alimentación y en la estimulación generan daños que no pueden ser revertidos en el futuro. De allí la alta rentabilidad social de este tipo de intervenciones si logran inducir en los progenitores conductas adecuadas en el embarazo y un rol activo en la estimulación temprana del hijo.
Para evaluar la pertinencia de este programa en la Argentina se cuenta con información del anuario de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud. Según esta fuente se observa que:
- En Argentina nacieron 754.603 niños vivos en el año 2013.
- El 16% fue de madres menores de 20 años de edad.
- Otro 37% fue de madres mayores a 20 años de edad pero con niveles de educación de secundaria incompleta o inferior.
Estos datos oficiales muestran que la mayoría de los nacimientos en la Argentina se dan en condiciones de vulnerabilidad. Un indicio concreto es el hecho de que el 53% de los nacimientos son de madre adolescente o de madre adulta pero con baja educación.
Esta realidad confirma lo atinado de implementar mecanismos que permitan un seguimiento activo de todo el proceso de reproducción, que arranque con la detección temprana del embarazo y se prolongue durante la primera infancia.
El éxito depende de la integralidad de las acciones, el seguimiento personalizado y especializado, y el énfasis en la estimulación temprana.
Los antecedentes más cercanos son las experiencias que desde hace varios años viene aplicando Chile y, más recientemente, Uruguay. En ellas, lo más importante no es la entrega del kit sino la detección temprana del embarazo, el asesoramiento y seguimiento, y el despliegue de acciones de estimulación que se prolongan hasta que el niño cumple 3 años.
En esta instancia ya está en condiciones de incorporarse a la educación preescolar. La experiencia de los países vecinos señala que la mayor dificultad está en cómo lograr que cada centro de salud y servicio social ejecute correctamente las intervenciones.
La distribución del kit de cuna es un componente secundario, aunque sea el de mayor impacto mediático.
En el caso argentino, el desafío más complejo es descentralizar las acciones asegurando la integralidad y la homogeneidad de la calidad en un sistema político donde los centros de salud y los servicios de asistencia social no son administrados por el nivel central sino por las provincias y los municipios.
Se necesita mucha creatividad y profesionalismo para ejecutar un programa con las exigencias de este tipo en un régimen federal como el que adoptó la Argentina en su Constitución.
Hasta ahora el “Qunita” se conoce por el tono electoralista con el que fue anunciado y las denuncias de corrupción que tempranamente recibió en la compra de los productos que se van a regalar. Su diseño es apropiado, pero su éxito depende en cómo se estructure la gestión de los centros de salud y servicios asistenciales de las provincias y los municipios.
Existe el riesgo, como ocurre con otros programas sociales impulsados por el gobierno nacional, que una buena idea mal instrumentada lleve al despilfarro de fondos públicos mientras las condiciones sociales se siguen deteriorando.
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