CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La situación de los trabajadores de Cresta Roja forma parte de la herencia kirchnerista. El problema primero lo empezó a manejar María Eugenia Vidal una vez que asumió en la gobernación bonaerense, pero con el correr de los días las protestas se volvieron cada vez más desafiantes hasta llegar al punto máximo del bloqueo de la autopista Riccheri, impidiendo el acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza.
Ahora se trata de un problema a nivel nacional y el gobierno de Mauricio Macri está preocupado porque este tipo de manifestaciones se intensifiquen volviendo al tránsito un caos y a la vez entorpeciendo el normal desarrollo de las actividades económicas.
Sabe Macri que enfrente ya tiene ahora a la izquierda y a las agrupaciones kirchneristas. Estas últimas suspendieron hoy (22/12) una marcha a la Plaza de Mayo, pero el conflicto por Cresta Roja continuaba esta mañana y se buscaba un desalojo pacífico de los manifestantes por parte de Gendarmería.
El flamante presidente no quiere escenas de represión que aviven otros conflictos, la situación económica está lejos de normalizarse y el kirchnerismo está en plan de “resistencia”, pero claramente el corte a un aeropuerto internacional es insostenible y requería una respuesta, por eso se trabaja en un protocolo para lidiar con las protestas, que se presentaría en enero.
"Estamos trabajando en el protocolo para las protestas, en enero lo vamos a presentar", anunció Macri en una conferencia de prensa ayer (21/12) en Casa Rosada y agregó que "el gobierno está abierto al diálogo con todos los sectores".
En ese sentido, señaló que el bloqueo del tránsito "no tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la prepotencia, hay que reducir el nivel de conflictividad". En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aceptó el "justo" reclamo de los trabajadores de Cresta Roja, pero advirtió sobre la necesidad de "liberar las vías", porque "no se puede forzar una autopista como la Riccheri", dijo. Bullrich sostuvo que el protocolo tiene como objetivo que "el reclamo se circunscriba" a la manifestación y "no que la calle esté totalmente tomada".
La funcionaria adelantó que para poner en marcha esta iniciativa se va a "requerir la ayuda de los fiscales y jueces, que tienen que actuar de inmediato ante situaciones" como el corte de calles o autopistas.
El viernes pasado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había anunciado la idea de establecer "un protocolo de protesta social" para que los reclamos en la vía pública sean "previsibles" y no afecten "la libre circulación".
"Las protestas son legítimas, pero no pueden afectar la libre circulación y la posibilidad de llegar al trabajo, a viajar, de distinta gente que no participa en esa situación", planteó Peña.
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