La inesperada detención del empresario Lázaro Báez, con un hollywoodense despliegue en el aeropuerto de San Fernando, fue el más impactante pero no el único hecho que muestra cierta celeridad de la justicia federal en temas de corrupción vinculados a la administración kirchnerista.
72 horas antes era detenido en Córdoba Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte y hombre de confianza de Néstor Kirchner, por el caso de la presunta compra irregular de trenes a España y Portugal.
También fueron allanadas las oficinas del exfuncionario menemista Roberto Dromi en el marco de una causa que investiga al exministro Julio De Vido por supuesta asociación ilícita.
Es cierto que los tiempos políticos cambiaron. Bastó sólo que Cristina Fernández saliera de Casa Rosada y entrara Mauricio Macri para que la causa por "la ruta del dinero K" empezara a moverse.
El juez Sebastián Casanello tuvo la causa frenada durante 3 años, sin llegar hasta Lázaro Báez, amigo y socio de la familia Kirchner. A 100 días de la asunción de Macri apareció un video con Martín Báez contando dinero en la financiera "La Rosadita" y de un día para el otro éste, su padre y el contador Daniel Pérez Gadín fueron puestos en prisión preventiva.
El avance en las causas de corrupción de la era K sería un movimiento coordinado. La periodista Romina Manguel, con larga experiencia en los tribunales de Comodoro Py, advertía en la red social Twitter tras la detención de Báez: "Atención que estos no son hechos aislados. Hubo reuniones de jueces en la Corte. Politica judicial de avanzar con las causas. Vienen muchas mas".
El juez federal Ariel Lijo, famoso por haber procesado al entonces vicepresidente Amado Boudou, admitió este miércoles que “hay una política desde la Corte Suprema para terminar con la impunidad”.
El mismo presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, había anticipado un mayor énfasis en el avance de las causas al asegurar que la dilación en las mismas propiciaba la impunidad. En la apertura del año judicial, Lorenzetti había insistido en la lucha contra los delitos sin castigo. Pero este renovado compromiso no sería la única motivación para acelerar la causas de corrupción.
En el mundillo político-judicial ven también una maniobra de supervivencia por parte de los jueces federales. No es un secreto que en Comodoro Py preocupa el proyecto del Gobierno que da competencia a los juzgados nacionales en causas contra el crimen organizado, y que al mismo tiempo les recorta facultades.
Sólo en Capital Federal, los juzgados federales se amplirían de 12 a cerca de 40. El ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció el martes que envió al Congreso el proyecto que impulsa la creación de tribunales orales criminales federales para avanzar con "juicios unipersonales", es decir, no colegiados.
En Comodoro Py esa movida habría meneado el malestar. Horas más tarde, Lázaro Báez era detenido tras 3 años de develada la trama de presunto lavado de dinero proveniente de la corrupción K. "Es un mensaje hacia la Casa Rosada. Ellos dicen, 'acá estamos y servimos'", interpretan algunos observadores.
El objetivo sería desincentivar al Gobierno en las reformas que afectan a los jueces federales de forma directa. Al mismo tiempo, en el Gobierno se desarrolla una interna.
Garavano cuenta con el apoyo de Elisa Carrió, quien se muestra como la más interesada en hacer una profunda reforma en la justicia federal. Su principal enemigo en esa empresa es Daniel Angelici.
El presidente de Boca tiene fluidos contactos en el sector en pugna y representaría el status quo. Por eso Carrió intenta dejarlo fuera de carrera: ya le abrió una causa por "tráfico de influencias" e insistentemente presiona a Mauricio Macri para que se deshaga de él.
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