por AGUSTÍN MONTEVERDE
El martes pasado se publicó una incomprensible y peligrosa resolución, la número 100 del Ministerio de Hacienda, que pone en duda el proclamado propósito de retorno a la seguridad jurídica que planteó el oficialismo en su campaña.
La nueva norma estableció que el índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) —que se usa para actualizar bonos y plazos fijos— para el período comprendido entre los días 26 de marzo y 25 de abril de 2016 se calculará según el indicador de inflación que publica la provincia de San Luis y no el de la Ciudad de Buenos Aires, tal como había sucedido en los meses pasados.
• La excusa oficial residió en que “el CER es un índice nacional y el aumento de tarifas en la Ciudad fue casi tres veces más alto que el del resto del país”.
• San Luis informó que la inflación de febrero fue 2,7% mientras que la Ciudad, en cambio, registró una suba de precios de 4%.
• La manipulación es evidente si se considera que en enero pasado, al usarse el índice de la Ciudad para calcular el CER y no el de San Luis, éste había sido más alto que el porteño.
El IPC de la Ciudad había dado en diciembre una inflación de 4,2%, mientras que 6,3% arrojó el índice de San Luis.
El argumento —además de perjudicar a miles de tenedores de títulos indexados y de inversores financieros— es por demás flojo, habida cuenta que, de esa manera, se estaría evitando computar los ajustes en tarifas, tanto los pasados, en el interior —cuando el índice computaba sólo al GBA—, como los actuales —que afectan principalmente a la capital.
Hacienda se escuda en que había puntualizado, en su comunicado de prensa de enero pasado, que ambos indicadores eran adecuados ante la ausencia de un IPC oficial.
Pero eso no debía servir para que se fuera eligiendo, un índice u otro, según la conveniencia oficial en cada momento.
Por este camino, se está eludiendo reconocer subas tarifarias que fueron postergadas durante dieciséis años. No es la primera vez que el gobierno argentino decide cambios en el CER que perjudican al tenedor de deuda pública.
Durante el kirchnerismo la manipulación estadística fue la regla; no se llevó a cabo con el único objeto construcción de un relato sino que también apuntó a defraudar a los acreedores.
Decepciona que —desde tan temprano— la gestión macrista elija el índice que más le conviene, sin ruborizarse.
Emula así al gobierno de Duhalde, en 2002, cuando optaban por el CVS (Coeficiente de Variación Salarial) o el CER, según cuál fuera menor.
La veracidad estadística requiere, como mínimo, apoyarse siempre en una misma serie; disponer discrecionalmente cuál utilizar de acuerdo a la conveniencia oficial es mendaz y fraudulento.
Con este antecedente, al comunicado sólo faltó decir que después se elegirá el índice que más convenga para proteger al deudor, o perjudicar más al acreedor, que espera sólo mantener el valor real de su acreencia en medio de una economía inflacionaria.
El atropello deviene en fraude por ser el propio Estado nacional, representado por el que firma la resolución, el mayor deudor por contratos ajustados por el mencionado indicador.
Una medida demasiado kirchnerista para dejarla pasar.
Que quede claro: el uso de esta estratagema implica un nuevo default, selectivo, de la deuda argentina.
El cambio representa una sustracción para los tenedores de bonos actualizados por el CER del orden de los $ 2.900 millones.
El principal tenedor de bonos ajustables por CER es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social (FGS), que posee 60% de los títulos así emitidos.
Según el último informe, el FGS tenía bonos Cuasi Par ajustados por CER por $ 83.990 millones, que representaban 22% de su tenencia de títulos públicos y 14% de su cartera total de activos.
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