El juez federal Ariel Lijo habló esta mañana por 'AM 950 Belgrano' sobre las detenciones de Ricardo Jaime y Lázaro Báez, e intentó explicar por qué no ocurrieron antes. Dijo que "siempre es más complejo investigar a alguien que está en el poder porque tienen el control de los datos que faltan para las investigaciones y se dificulta el acceso a la información."
En este sentido, afirmó: "Los casos de lavado de dinero son difíciles de probar". "Hubo ministros de todas las líneas que fueron indagados y procesados en funciones. Cuando tuve pruebas, los cité y los procesé", subrayó el juez.
A su vez, sostuvo: "Es injusto pensar que no se hizo nada porque la realidad indica que no es así. Las causas llevan muchos meses de investigación y lo importante es que se produjeron estos avances judiciales." "Los jueces federales no fueron hostigados con el gobierno anterior, a mí no me patearon nunca la puerta del despacho.
Las tensiones hacia los jueces provienen de todos los sectores", manifestó. Consultado por hostigaciones a jueces con la amenaza de que avancen causas en el Consejo de la Magistratura, Lijo señaló: "Si revisan el historial del Consejo de la Magistratura, hubo casos en los que sí y casos en los que no".
Por otra parte, aclaró: "Amado Boudou está procesado por la causa Ciccone y tiene varias causas más, como el enriquecimiento ilícito, donde en algunas tiene pedido de indagatoria. Esas causas las tengo yo." "Ser juez es un trabajo difícil porque se tocan muchos intereses pero si los jueces se sintieran presionados se dedicarían a otra cosa", concluyó.
En tanto, en diálogo con 'Radio Nacional' explicó que "estructurar una decisión judicial y juntar la prueba para un pronunciamiento judicial lleva mucho tiempo. Habitualmente nunca va de la mano de la demanda pública, de la opinión pública ni de lo que requieren los medios".
El cambio de los últimos días fue notorio: este fin de semana, Ricardo Jaime fue detenido; el lunes, el ex ministro Julio de Vido fue citado a declarar y ayer el empresario Lázaro Báez también fue apresado. Lijo aseguró además que no hubo ninguna gestión del gobierno nacional ni ningún operador cercano a Mauricio Macri para acelerar las causas, como denunciaron distintos dirigentes del kirchnerismo: "Sería institucionalmente gravísimo dejar la libertad de las personas en manos de grupos de presión.
Las causas tienen todo un trámite para fundar una decisión judicial. Coincida o no con la opinión pública, no hay por qué inscribirlo en un interés puntual de una persona". "No hay manera de hacerlo. Hay que juntar las pruebas y tener las condiciones para fundamentar la decisión. Se trabaja durante años para juntar las pruebas", argumentó.
A modo de conclusión, el magistrado a cargo de investigar el caso Hotesur dijo que tampoco hay un accionar coordinado para avanzar contra el kirchnerismo ya que "cada juez tiene absoluta independencia de criterio para decidir" qué hacer con sus causas.
"Es mucho más sencillo descalificar estos procesos que darles la importancia institucional que tienen", finalizó.
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