El juez Daniel Rafecas aceptó a la Oficina Anticorrupción (OA) como querellante en la causa Hotesur, que investiga a la familia Kirchner por presuntas maniobras de lavado de dinero.
El organismo, encabezado por Laura Alonso, había subrayado la relevancia de que el Gobierno sea querellante porque se está investigando la "eventual responsabilidad de la expresidenta, del exministro de Justicia, Julio Alak y de otros funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ)".
La OA busca determinar por qué el Ministerio de Justicia, a cargo de Alak, hizo foco en las declaraciones juradas de Cristina Fernández de 2011 a 2013, período que coincide con el lapso en que la empresa Hotesur no presentó sus balances.
En esos años la ex Presidente habría querido justificar un aumento de patrimonio con ingresos inexistentes o "autopréstamos".
"Cristina justificó parte de sus ingresos mediante créditos de esa firma, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado", expresó la OA.
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