El miércoles (3/8), la jueza de San Martín Martina Isabel Fornos, hizo lugar a recursos de amparo al calificar los aumentos en las boletas de electricidad como "exorbitantes y desproporcionados", y así frenó la suba de la luz.
Ahora, el ente regulador ENRE (energía eléctrica) deberá instruir a las distribuidoras para que comiencen a emitir nuevas facturas sin los aumentos.
En respuesta, anoche (4/8) las distribuidoras Edenor y Edesur salieron a advertir que el freno judicial a los aumentos en la tarifa de electricidad afectará la operatividad de las compañías y la calidad de los servicios que prestan, además de “afectar la cadenas de pagos, el plan de inversiones” y hasta generar una potencial "situación de disolución” de las compañías.
Edenor manifestó que el freno judicial a los aumentos de la tarifas de electricidad de mantenerse le generará a la compañía un déficit de caja de aproximadamente 7.000 millones de pesos en el año y la pondrá en“situación de disolución y pérdida de su patrimonio”.
La posición fue reflejada a través de una nota elevada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores. “El cumplimiento de la medida cautelar llevará a la Sociedad al absurdo de encontrarse sin ingresos operativos, lo que impedirá hacer frente en término de días a los gastos de operación”, afirmó Edenor. Esta situación “pondrá el servicio eléctrico concesionado en una situación de riesgo inaceptable, afectando a 2.800.000 clientes de Edenor y más de 7.800.000 de usuarios”, agregó la empresa que tiene a su cargo la distribución de electricidad en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y distritos del conurbano bonaerense.
La situación descripta por la distribuidora, de mantenerse en el tiempo, además “generaría un déficit de caja para la Sociedad de aproximadamente 7.000 millones de pesos en el año y la pondrá en situación de disolución y pérdida de su patrimonio”, dijo Edenor.
La medida cautelar interina abarca el 100 por ciento de los clientes de Edenor y dado que posee efectos retroactivos al momento de entrada en vigencia de las resoluciones suspendidas (1 de febrero del corriente año), la medida cautelar implica “la acreditación a los clientes de las sumas pagadas en exceso del cuadro tarifario vigente a enero”.
Casi en simultáneo, la distribuidora Edesur expresó mediante un comunicado de prensa que recibe “con preocupación” las consecuencias del fallo de la jueza Forns al entender que su decisión “atenta de manera directa contra la operación de la empresa e indirectamente contra la calidad del servicio de los clientes al que según el fallo, se intenta proteger”.
“De persistir esta situación, advertimos que podrán verse afectados la cadena de pagos de la empresa, así como también el Plan de Inversiones en obras actualmente en ejecución”, planteó la compañía al confiar en que “la Justicia revea esta decisión para poder implementar el nuevo cuadro tarifario y devolverle a la empresa normalidad en la operación del servicio”.
La conducción de Edesur destacó que “la actualización en el precio mayorista de la energía, no necesita de la realización de una audiencia pública”, al plantear que en el caso del Valor Agregado de Distribución (VAD), a partir del 1° de febrero de 2016 “sólo se reconocieron ajustes adeudados aprobados por ley en el Acta Acuerdo de 2005, luego de la realización de la Audiencia Pública correspondiente”.
“Es importante recordar que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas durante 10 años, en medio de una coyuntura de alta inflación, lo que generó inexorablemente un deterioro de la calidad de servicio y fuertes quebrantos a las compañías. Y en la actualidad, con la aplicación del nuevo cuadro tarifario, el 65 por ciento de nuestros clientes residenciales pagan menos de 150 pesos por mes”, explicó la empresa distribuidora.
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