La aplicación de pruebas educativas motorizó polémicas a pesar de que se trata de una herramienta de uso habitual en otros países al permitir una mejor definición de las políticas. Entre las evidencias que explicitan estas mediciones aparece que mientras la inversión en educación aumentó, el aprendizaje de los alumnos decreció.
Esto demuestra que, más prioritario que seguir aumentando el presupuesto educativo, es cambiar los estilos de gestión de las escuelas. Se realizó una jornada nacional de evaluación de la calidad educativa para todos los alumnos de 6° grado de la primaria y del último año de la secundaria y una muestra representativa de los alumnos en los niveles intermedios.
El objetivo es conocer el funcionamiento del sistema educativo en base a logros y desafíos pendientes de aprendizajes, así como de los factores que inciden en el proceso educativo. De esta manera, se podrá tomar decisiones de política educativa más pertinentes.
Grupos de sindicatos docentes, padres y alumnos plantearon resistencia a la idea de evaluar aprendizajes. Si bien no tuvieron incidencia decisiva, resulta paradójico que se cuestione una herramienta que es de rutina en otros países y que en la Argentina se viene aplicando desde hace muchos años.
Dado que existe un amplio consenso sobre la importancia de la educación, los esfuerzos no deberían malgastarse en cuestionar las evaluaciones sino en maximizar su uso para mejorarla. En este sentido, es muy importante observar la correspondencia entre lo que se invierte en educación y los resultados que se obtienen.
Según datos del Ministerio de Educación y la prueba PISA de la OECD surge que en Argentina:
- La inversión pública en educación básica (inicial, primaria y secundaria) en el año 2000 ascendía a 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI).
- Este indicador en el año 2012 aumentó al 4,4% del PBI.
- En el mismo período (2000 – 2012), el porcentaje de jóvenes de 15 años de edad que tiene capacidades insuficientes de lectura creció desde 44% a 54%.
Estos datos muestran que se asignaron crecientes recursos públicos a educación pero los resultados fueron decepcionantes. Que la inversión crezca por encima del PBI significa que la educación se priorizó por sobre otras finalidades.
Sin embargo, la calidad empeoró, al punto que más de la mitad de los jóvenes no tiene capacidades de lectura. Así como resulta positivo que la sociedad reconozca el valor de la educación, y esto se plasme en ingentes recursos para su financiamiento, resulta muy desalentador que este esfuerzo de inversión no se plasme en mayores niveles de aprendizajes de los alumnos.
Un factor que explica estos resultados es que una parte importante del mayor gasto en educación se volcó a una masiva contratación de docentes sin dirigir esos recursos a mejorar la calidad de la enseñanza.
Desde el año 2006, cuando se sanciona la actual Ley de Educación Nacional, hasta el año 2015 la cantidad de cargos docentes al frente de alumnos creció un 26%, mientras que la matricula en escuelas estatales creció apenas un 2%.
Actualmente, hay 1 cargo docente al frente de alumno por cada 15 alumnos matriculados en las escuelas estatales. La abundancia de docentes poco capacitados y motivados no favorece los aprendizajes.
Por eso, en lugar de polemizar sobre la conveniencia de aplicar las pruebas se debería profundizar el análisis de sus resultados para delinear las reformas que hacen falta en los estilos de gestión de las escuelas a fin de mejorar la calidad.
Otro punto clave es clarificar los roles de cada jurisdicción. Tan positivo es que la Nación impulse la evaluación educativa como negativo que avance sobre funciones de las provincias.
Que la Nación se aboque a construir o mejorar escuelas, definir salarios y pagar parte de ellos, o comprar y distribuir material didáctico es una modalidad retrógrada e ineficiente.
Con este manejo centralizado, se promueve la mala asignación de recursos. Se incentiva la discrecionalidad y se legitima que los funcionarios locales se desentiendan de los problemas sustantivos. Viajar a Buenos Aires, para congraciarse con los funcionarios nacionales a los fines de conseguir “ayudas”, pasa a ser tanto o más importante que destinar esfuerzos a mejorar la calidad de la gestión local.
Las evidencias sobre la falta de correlación entre inversión en educación y aprendizajes de los alumnos son contundentes y sugerentes. En lugar de seguir bregando por aumentar los presupuestos públicos, la meta más prioritaria y desafiante es introducir reglas que lleven a un mejor uso de los recursos educativos existentes.
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