Los exfuncionarios Teresa Parodi, Jorge Coscia y las productoras Vicente Producciones SRL, Contenidos Musicales Argentinos SRL e Igor Argentina SRL, fueron imputados por el fiscal federal Patricio Evers por la contratación directa de la banda musical La Mancha de Rolando, favorita del ex vicepresidente Amado Boudou.
El monto total que habría cobrado el grupo gracias a esta modalidad asciende a $3,5 millones y no se descara que sus integrantes también puedan quedar imputados.
Según el portal Borderperiodismo, que investigó las contrataciones de la banda, algunos de sus integrantes hoy son asesores ad honorem del diputado provincial José Ottavis.
“Mientras Boudou estuvo en la Rosada, La Mancha de Rolando facturó, al menos, 4.812.009 pesos con 84 centavos en concepto de shows auspiciados y organizados por el gobierno nacional en diferentes puntos del país y siempre de entrada gratuita.
Es decir, un promedio de 1,2 millones de pesos por cada año de Boudou vicepresidente”, destaca el informe.
La ex ministra Teresa Parodi y el ex secretario Jorge Coscia fueron los encargados finales de pagar los servicios de la banda amiga de Boudou.
En las respuestas oficiales, obligadas por ley, además, se desprenden otros detalles. Para cobrar cachets, la banda recurrió a diferentes sociedades, integradas por miembros de la banda y/o su ex mánager Cristian Faga.
Los primeros pagos informados se hicieron a través de la firma Vicente Producciones SRL, durante 2011 y 2012. En 2013 recurrieron a Contenidos Musicales Argentinos SRL. Y desde 2014 hasta el final del kirchnerismo, facturaron a través de Igor Argentina SRL.
Boudou y Quieto en la mayoría de los expedientes informados por ley a Borderperiodismo desde Cultura de Nación las contrataciones se especifican como “reconocimiento de gastos”. La metodología consistían en que la banda primero tocara y luego presentara la factura, evitando así licitaciones o compulsas, una modalidad que la actual gestión de Cultura dio de baja.
Así, La Mancha de Rolando era elegida a dedo y ubicaba en muchos shows en los que la logística corría por parte de los municipios donde se realizaban. Con este sistema, los pagos habrían logrado salir con mejor velocidad que en los estándares habituales del Estado.
De hecho, en el ambiente musical, otros grupos de mayor distancia con el oficialismo solían requerir la gestión de los integrantes de La Mancha de Rolando para destrabar pagos. Esos “gastos” en rigor, serían el cachet de la banda, que en 2012, rondaba entre los 50 y 80 mil pesos, aunque varias facturas superaron esos valores con el tiempo, hasta los 150 mil.
Sin bien los 4,8 millones de pesos son una cifra considerable para una banda que, al menos durante kirchnerismo, pocas veces tocó en shows privados, la suma sería apenas una fracción que pudo reconstruirse con expedientes oficiales.
El paso del tiempo, la desprolijidad administrativa y la maraña burocrática conspiraron contra el acceso a la información. Desde Cultura informaron sobre 23 contrataciones a favor de La Mancha de Rolando por 30 shows especificados, relató el portal Borderperiodismo que repasó todas las actuaciones de la banda.
Ahora el fiscal Evers, quien interviene en una causa que está a cargo del juez Sergio Torres, imputó a los ex funcionarios del ministerio de Cultura debido a las sucesivas contrataciones por las que los músicos fueron beneficiados durante el kirchnerismo.
El fiscal Delgado analizó 23 expedientes mediante los que se hicieron las contrataciones –muchas de ellas en ciudades del interior del país- y halló lo que llamó un "modus operandi".
Para Delgado el caso ameritaba una denuncia penal porque la banda fue contratada en casi todos ellos bajo la modalidad de 'contratación directa' con notable ausencia de contratación de conformidad con el régimen vigente.
“Bajo la excusa del 'apuro' en que la banda tocara en algún festival, se carecía de tiempo para contratarla por los canales legales correspondientes, y se solicitaba el reconocimiento del pago como 'legítimo abono' una vez que el festival ya se había producido.
Es decir, con esta modalidad, repetida en 21 de los 23 expedientes analizados, se evadían los canales legales pertinentes para efectuar contrataciones en la esfera de la administración pública", concluyó Delgado.
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