En las últimas horas, el Vaticano encomendó al Arzobispado de Córdoba conformar una Comisión Investigadora para que trabaje en paralelo con la Justicia de Mendoza en la investigación de los abusos ocurridos durante años en el instituto Próvolo de Luján.
El accionar de esta comisión tras instalarse en la provincia generó numerosas críticas, ya que se reunieron con los curas acusados (Horacio Corbacho y Nicola Corradi) pero aún no se encontraron con las víctimas ni con sus familiares.
Además, quisieron ingresar a las instalaciones del Próvolo a sacar fotografías pero el fiscal a cargo del caso les impidió el acceso.
El vicario judicial de la provincia de Córdoba, Dante Simón, dialogó con MDZ y defendió a sus enviados de las críticas recibidas.
"La investigación recién se está iniciando. No se han reunido con las víctimas porque están buscando los contactos. No es cierto que no quisieron hacerlo; estamos en una etapa preliminar, recopilando información. Nos comunicamos con el Arzobispado de Mendoza y no tenían prácticamente nada para compartir, lo cual nos dificultó las cosas", justificó Simón.
Con respecto a las visitas a los curas detenidos, Simón señaló que las condiciones en que se encuentran tanto Corbacho (detenido en el penal de Boulogne Sur Mer) como Corradi (con prisión domiciliaria) "no son para nada agradables".
"Al hecho de que estén privados de la libertad, que ya de por sí es una situación horrible, se suma el pesar de la culpa por los delitos de los que los acusan", fue la curiosa defensa del vicario. Simón negó que a sus enviados les hubieran impedido el ingreso al centro educativo de Luján.
"No los dejaron entrar porque están llevando a cabo allanamientos y otros procedimientos, pero nos prometieron que nos iban a brindar acceso más adelante", señaló el cura, celebrando la "buena predisposición" que encontraron tanto en el procurador de la Corte Alejandro Gullé como en el fiscal a cargo de la investigación del caso, Gustavo Stroppiana.
Por último, el vicario se refirió al futuro de la investigación que están llevando a cabo, en base a lo que estipula el derecho canónico.
"Una vez terminada la investigación, se envía a la Santa Sede y ahí pueden pasar cuatro cosas: que soliciten más información; que se archive la investigación; que se inicie un proceso penal administrativo o penal judicial; o que se envíe la investigación al Papa, quien aplicará las sanciones que considere necesarias". (http://www.mdzol.com)
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