OMAR VIVIANI FUE CITADO A DECLARAR MAÑANA POR SUS AMENAZAS A TAXISTAS QUE NO PAREN

SOCIEDAD / PARO NACIONAL 

Viviani, citado a declarar. Foto:
Archivo / Ricardo Pristupluk / LA NACION

Por: Mauricio Gianbartolomei / La Nacion

Un fiscal de la ciudad de Buenos Aires citó a indagatoria a Omar Viviani, el titular del Sindicato de Peones de Taxi, acusándolo de cometer al menos tres delitos por sus dichos contra aquellos taxistas que no se adhieran al paro nacional convocado para el jueves. 


El gremialista fue convocado para mañana. "Hay muchos que durante el gobierno anterior parecían más gorilas que Macri, pegándole a la presidenta. Seguramente muchos de esos carneros van a salir a trabajar; hay que darle vuelta los coches", dijo Viviani en un acto que se realizó hace algunos días, cuyo video trascendió hoy.

 Por estas declaraciones el fiscal de Cámara, Walter Fernández, lo acusó de cometer los delitos de amenazas agravadas, instigación a cometer delito y delito contra la libertad de trabajo, todos penados con prisión, según informaron a La Nación desde la Fiscalía de la ciudad.

Tras la repercusión que tuvieron sus dichos, Viviani se retractó hoy en declaraciones radiales. "Se me salió la cadena", argumentó. "Será reprimido con prisión de un mes a un año, el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada", dice el artículo 158 del Código Penal porteño en el que se basó la causa iniciada por Fernández.

El fiscal también se amparó en el artículo 149 bis que estipula "prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas", pena que se eleva hasta tres años de prisión "si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas" y de hasta cuatro años al que "hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

Desde la Fiscalía explicaron que el funcionario público también podría ampararse en el artículo 149 tercero que contempla penas "de tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas; de cinco a diez años de prisión o reclusión si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos o si tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono de los lugares de trabajo".

En el gobierno de la Nación tomaron nota de los dichos de Viviani y anunciaron que reforzaran la seguridad durante toda la jornada del paro. Además de la causa iniciada por Fernández la fiscal porteña,

Verónica Guagnino, denunció de oficio al gremialista por "amenaza coactiva" con la supuesta intención de "coartar la libertad de quienes no quieren participar de la medida de fuerza para tener mayor acatamiento".